Ana Belén Castejón propone limitar la construcción a las zonas urbanas consolidadas en la ley de protección del Mar Menor. La alcaldesa da por hecho que las restricciones generarán algún rechazo.

La grave situación que atraviesa el Mar Menor puede hacer posible ahora la moratoria urbanística en los municipios del litoral de la laguna salada que no logró el consenso necesario antes de la crisis. El Ayuntamiento de Cartagena es el primero en vetar los nuevos desarrollos y defiende que la Ley Integral del Mar Menor incluya restricciones a las urbanizaciones en las poblaciones ribereños.

También la Asamblea Regional ha aprobado resoluciones a favor de la moratoria urbanística en torno a la laguna en los dos últimos años, aunque estas iniciativas han tenido escaso éxito hasta ahora. El veto fue una de las 32 medidas urgentes aprobadas por el Parlamento autonómico el pasado mes de octubre para que sean recogidas en el plan integral de recuperación.

Cartagena anunciaba este jueves su apuesta por «una moratoria lo más restrictiva posible, de forma que la nueva construcción quede limitada a suelos urbanos consolidados».

La alcaldesa del municipio, Ana Belén Castejón, se lamenta de que «hemos tenido que llegar a esta situación para que tanto la Comunidad Autónoma como la Administración del Estado se den cuenta de que son necesarios cambios normativos urgentes, a pesar de que puedan generar rechazo entre algunos sectores. Con este objetivo hemos presentado un conjunto de propuestas que, a nuestro juicio, deben ser incluidas en la futura Ley Integral del Mar Menor», explicaba la regidora. Alude también a «la regeneración urbana de los núcleos del litoral del Mar Menor, como Los Urrutias y Los Nietos»

Castejón propone «regular las autorizaciones y licencias de explotaciones agrícolas que tengan una incidencia significativa en el deterioro del territorio, estableciendo a su vez nuevos supuestos de evaluación ambiental e incrementando la labor inspectora de las administraciones competentes».

En este sentido, se propone a la Comunidad Autónoma crear una unidad técnica de apoyo a los ayuntamientos ribereños, con la dotación necesaria de personal para colaborar con las administraciones locales en la inspección técnica, tanto urbanística como medioambiental.

«En aras de potenciar la sostenibilidad de la actividad agraria del campo de Cartagena, se plantea el fomento de la agricultura ecológica, adoptando el compromiso de impulsar medidas en este sentido en el ámbito municipal», según informa el Consistorio.

Asimismo, plantea que la Confederación Hidrográfica del Segura debe acometer la recuperación ambiental y funcional de los cauces y ramblas de la cuenca del Mar Menor, «con especial incidencia en las ramblas de La Carrasquilla, El Beal y Ponce, que transportan residuos mineros a la laguna».

Otros consistorios, como el de San Pedro del Pinatar, sopesan la posibilidad de aparcar nuevos planes urbanísticos que supondrían la construcción de cientos de viviendas ante la propuesta de moratoria.

Fuente: laopiniondemurcia.es