El juez Ángel Garrote,comienza a instruir una pieza separada contra 111 explotaciones y empresarios agrícolas en el “Caso Topillo”
Desgaja parte de las diligencias contra los presuntos responsables de la degradación ambiental del Mar Menor para evitar que la causa principal se ralentice demasiado.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, que coordina la investigación del llamado ‘ caso Topillo‘ contra los responsables de la degradación ambiental del Mar Menor, ha comenzado a impulsar una pieza separada en la que están encartadas hasta 111 compañías agrícolas y empresarios particulares. La decisión de desgajar esa parte del sumario tiene como objetivo principal el de evitar que la investigación de la pieza principal, que se inició en el año 2017 y en la que están ya imputadas los administradores de decenas de explotaciones agrarias, pueda dilatarse indefinidamente en el tiempo como consecuencia de la aparición de indicios sobre la implicación de nuevos sospechosos de contaminar la laguna.
El magistrado comenzó este jueves a tomar declaración, en calidad de investigados, a los presuntos responsables de realizar vertidos de nitratos a la laguna como consecuencia del rechazo generado por desalizadoras ilegales, que se estarían utilizando para convertir el agua salobre de pozos subterráneos en caudales aptos para el riego. Las tomas de declaraciones se extenderán al menos hasta mediados de diciembre, según el calendario fijado por el instructor.
Esta pieza separada surge del análisis de la documentación intervenida en la firma Hidrotec, que presuntamente se dedicaba a instalar plantas desalobradoras clandestinas en cultivos del campo de Cartagena. Las investigaciones efectuadas por agentes del Seprona (Servicio de Protección a la Naturaleza) de la Guardia Civil permitieron dar con las explotaciones agrícolas en las que supuestamente se habían montado esas instalaciones. El Seprona, en uno de sus informes, ya alertó de que «hay indicios de que una pluralidad de empresas y empresarios individuales podrían haber hecho uso de máquinas desaladoras de manera ilegal, vertiendo salmuera sin autorización, pudiendo causarse un daño al medio ambiente». Además, resaltaba los indicios contra la firma Hidrotec, que lidera el listado de nuevos investigados «por suministrar desaladoras y consumibles para su utilización, a sabiendas de su ilegalidad».
En la resolución por la que el juez Garrote decide impulsar una pieza separada, deja constancia de que «las nuevas conductas que se van a enjuiciar guardan idéntica conexión con los posibles delitos de prevaricación que se imputan a ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y de la Comunidad Autónoma«, aunque seguidamente advierte de que ello no impide que esta rama de la investigación se desarrolle en forma de pieza separada para evitar perjuicios a quienes desde hace años están imputados en la pieza principal.
Fuente: laverdad.es
