La pandemia le había permitido a López Miras salvaguardar su imagen y remontar en las encuestas de intención de voto, a pesar de haber aplicado restricciones más duras que los gobiernos de las comunidades con las tasas de contagios más altos. Incluso ha logrado cargar al Gobierno de Pedro Sánchez la factura de las estrecheces impuestas en Murcia, porque casi todo el mundo culpa a Madrid de medidas como el toque de queda.
Solo los padres que han tenido que dejar a sus hijos en casa porque no sabían qué hacer con ellos los días sin clases presenciales y los hosteleros, que han estado cerrados más tiempo que nadie, se han sentido especialmente castigados por la gestión de la crisis que ha hecho la Comunidad.
En los dos primeros años de la legislatura ha tenido graves dificultades para sacar adelante las leyes que enviaba a la Asamblea Regional y ni siquiera los decretos que aprobaba guardaban parecido, después de su convalidación, con el texto original que había entrado en el Parlamento autonómico.
A partir de ahora le será más fácil sacar adelante sus iniciativas legislativas al tener una mayoría absoluta, siempre que acepte las exigencias de sus nuevos socios, como el pin parental.
La prueba más palpable de la distancia real que ha existido entre el PP y Ciudadanos antes del cisma provocado por la moción fue la trayectoria de la Ley del Mar Menor: llegó a la Asamblea como un decreto de urgencia en el que se establecía una franja libre de abonos químicos de 500 metros y salió como una ley pactada entre Cs y el PSOE, a la que se adhirió el PP, con un cinturón de protección de 1.500 metros de anchura desde la línea de playa.
El primer golpe lo recibió cuando Ciudadanos se unió al resto de la oposición para impedir la convalidación del decreto y obligó a tramitarlo como proyecto de ley, lo que abría la puerta a la presentación de enmiendas por parte de los demás grupos.
Ciudadanos también intentó ‘tunear’ el resto de los decretos que López Miras aprobó por la vía de urgencia aprovechando la pandemia y obligó a su entonces socio de gobierno a tramitarlos como leyes, abriendo la puerta a la modificación parlamentaria.
Ahora que ya no podrá contar con la labor del portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, para negociar sus decretos, como ha venido haciendo desde el inicio de la legislatura.
Podrá recabar los apoyos del diputado de Vox que sigue perteneciendo al partido de Abascal, Pascual Salvador, y de los tres expulsados que mantienen el protagonismo del grupo parlamentario. Pero ninguno de estos cuatro votos le va a salir gratis, porque la dirección de Vox en la Región tiene puesta la vista en las próximas elecciones autonómicas y va a rentabilizar al máximo todos los salvavidas que Miras pueda necesitar hasta la convocatoria de elecciones.
En contrapartida, tendrá que enfrentarse constantemente a una cascada de críticas e incluso de demandas judiciales, como las que ya interpusieron el Ministerio de Educación y los sindicatos contra el pin parental. Pero López Miras ya demostró entonces que estaba dispuesto a acabar en los tribunales y a enfrentarse al Gobierno central si es preciso para sacar adelante sus planes, porque los choques con Madrid y las concesiones al grupo de Vox le permiten conectar con el electorado más extremista en una legislatura que ya está en precampaña.
Fuente: laopiniondemurcia.es
