Abre expediente sobre las fincas e informará a la Comunidad por sila ley de protección del Mar Menor obliga a eliminar los cultivos. El aluvión de nuevos compromisos políticos para la regeneración del Mar Menor desatado por la reciente muerte de miles de peces y crustáceos en la zona norte de la laguna dará paso, en breve, a las primeras medidas concretas de calado en el control de la agricultura intensiva. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está preparando el envío a la Comunidad Autónoma de información relativa a fincas que carecen de autorización de riego y que, además de ser objeto de eventuales sanciones económicas del organismo de cuenca, podrían ser desmanteladas conforme al artículo 8 de la Ley 1/2018. Este es uno los preceptos más polémicos de la normativa de medidas urgentes aprobada por la Asamblea Regional hace casi dos años, con el voto en contra del PP y favorable de CS, ahora integrado en el Gobierno regional, para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. También la respaldaron el PSOE y Podemos.
A través de un portavoz, la Confederación confirmó ayer a ‘La Verdad’ que esta institución tiene abiertos expedientes relativos a 1.600 hectáreas de terrenos situados en la cuenca que vierte a la laguna y que, según sus datos, carecen de las oportunas autorizaciones para el uso de agua. Se trata de una cifra no desvelada hasta ahora. En la CHS añadieron que cada expediente lleva su propia tramitación y que los afectados tienen derecho a presentar alegaciones, si bien admitieron que mantiene una «colaboración» con la Comunidad Autónoma, para actuar «caso por caso» sobre las parcelas que vulneren la normativa sobre el citado espacio protegido.
Según el informe ‘La burbuja del regadío: el caso del Mar Menor’, entregado el año pasado por las organizaciones ecologistas Anse y WWF a la Confederación, alrededor del Mar Menor hay más de 12.000 hectáreas de cultivos de regadío ilegales. En el conjunto de la cuenca, según datos de satélite y un trabajo de campo, la superficie fuera de ordenación habría crecido en casi 50.000 hectáreas, a lo largo de los últimos 40 años.
A pesar de la cautela mostrada por el organismo estatal, fuentes vecinales, ecologistas y autonómicas indicaron que el propio presidente de la Confederación, Mario Urrea, trasladó días atrás a representantes sociales que los primeros datos serán remitidos al Gobierno regional a principios de noviembre. Y añadieron que también mencionó el avance de estas tareas ante la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la visita realizada por esta a la laguna el pasado día 16.
La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, que dirige Antonio Luengo, será el departamento receptor de los datos, a los efectos de aplicar el artículo 8 de la citada ley de medidas urgentes. Este determina que «toda superficie situada fuera del perímetro del regadío legal será restituida a sus condiciones originales (secano o vegetación natural), sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder».
En mayo pasado, el entonces consejero Miguel Ángel del Amor, en cuyo equipo Luengo era director general del Mar Menor, remitió dos escritos a la CHS en la que le solicitaba información a los efectos de aplicar esa normativa. En las cartas, a las que ha tenido acceso este periódico, Del Amor pidió que, «una vez finalizados los expedientes sancionadores abiertos» sobre 3.622,28 hectáreas «sin derecho aparente» de agua -cifra facilitada por Urrea en la Junta de Gobierno de la Confederación del 3 de mayo-, se remitiera a la Consejería «los datos, superficies y parcelas y sujeto infractor que hayan sido sancionados».
Del Amor pidió datos
El exconsejero, cuyo objetivo era «iniciar las acciones previstas en el citado artículo» de la regulación autonómica, pidió conocer si las fincas estaban «en alguna de las zonas 1, 2 y 3 establecidas en dicha Ley». Del Amor avanzó también su disposición a abordar «otras situaciones» en las que la CHS considerara «acreditada la existencia de superficies fuera del perímetro del regadío legal». Respecto a estos terrenos, reclamó también un listado de «superficies, parcelas y titularidades, al objeto de iniciar las acciones mencionadas».
Este martes, la Confederación precisó que de esas 3.622,28 hectáreas de la cuenca hidrográfica presuntamente ilegales detectadas por la Comisaría de Aguas, dentro de un plan de inspección y control de aprovechamientos de agua, hay 1.600 de la zona del Mar Menor sobre las que pesan expedientes.
Según el documento de la Consejería, los miembros de la Junta de Gobierno de la CHS fueron informados de que se estaban «cruzando los datos en el área de Dominio Público Hidráulico, para verificar» si las más de tres mil hectáreas tenían derechos, si habían sido denunciadas con anterioridad o si era «necesario incoar expediente sancionador». En estos últimos cinco meses, las investigaciones han avanzado hasta el punto de que Urrea, quien ayer optó por no confirmarlo ni desmentirlo, ha trasladado ya a distintos agentes sociales lo inminente de las sanciones.
Los interlocutores del organismo indicaron que, si bien no recibieron detalles sobre los expedientes por cuestiones de protección de datos, entienden que hay algunos situados en el municipio de Cartagena.
Los últimos movimientos de la Confederación contrastan con la falta de medidas precisas sobre los cultivos entre los acuerdos alcanzados el viernes por PP, Cs y Vox en el Pleno de la Asamblea Regional sobre el Mar Menor. Estos grupos apoyaron una moción, si bien genérica, del PSOE para que el Gobierno regional haga un decreto-ley para la gestión integral del Mar Menor, que incluya una «regulación de usos y actividades». Y rechazaron dos de Podemos para «eliminar todos los regadíos que», tras una auditoría, fueran identificados como «ilegales», y «afrontar una reducción de la superficie de regadío intensivo, creando una franja libre «de entre uno y dos kilómetros des desde la orilla al interior.
En la práctica, la producción agrícola continúa, pero ley de medidas urgentes ya preserva la franja situada entre la AP7 y la albufera, en la zona norte, y el área de influencia de las ramblas que nacen en la Sierra Minera, al sur. A esta zonificación se refirió Del Amor en sus cartas.
Sobre las multas, Urrea dijo en mayo que si su organismo prueba la cantidad de agua sacada sin permiso, puede aplicar una sanción de 0,72 euros por metro cúbico extraído. Se trata, valoró, de una cantidad «muy importante», pues ninguna cuenca en el territorio nacional tiene una sanción «de esa envergadura».
En todo caso, pidió situar en su contexto este paquete de 3.600 hectáreas bajo sospecha, pues la superficie regable en toda la cuenca del Segura, de acuerdo con la planificación, ocupa 262.000. «Estamos hablando -concluyó- de un 1,5 por ciento».
Fuente: laverdad.es
