La mayor parte de la factura para regenerar el Mar Menor la tendrán que pagar las arcas autonómicas. El Ministerio para la Transición Ecológica le atribuye al Gobierno regional casi el 58% del gasto total de las medidas que se aplicarán para alcanzar el ‘vertido cero’, según recoge el plan de actuación facilitado por el secretario general del PSRM. Diego Conesa, donde se explicitan las inversiones que corresponden a cada Administración, así como a los regantes y propietarios de pozos en el Campo de Cartagena, que deberán costear el 10% aproximadamente del presupuesto total, que asciende a 647 millones de euros.

Con la declaración de impacto ambiental recientemente aprobada, el siguiente paso es acometer las 21 medidas de regeneración, que se aplicarán con los rangos más exigentes de entre todas las opciones analizadas. Los papeles están repartidos para tratar de alcanzar el objetivo en los diez próximos años.

El Ministerio para la Transición Ecológica se hará cargo principalmente de la extracción directa de las aguas subterráneas para drenar el acuífero Cuaternario, que es el más somero y el que vierte sobre la laguna aguas cargadas de nitratos. Asimismo, se encargará de la nueva red de aprovechamiento de los pozos, que incluye un sistema comunitario de 99 sondeos para el regadío. Los caudales pasarán por plantas de tratamiento para eliminar los nitratos. El agua desalada se destinará a los regadíos, mientras que la salmuera se arrojará al Mar Mediterráneo mediante emisarios.

Ambas medidas se ejecutarán en parte con apoyo del Gobierno regional y los regantes. El Ministerio asumirá el 24,46% del gasto total del ‘vertido cero’, equivalente a 158,2 millones de euros.

¿Qué pasa con los pozos?

La Confederación Hidrográfica del Segura cerrará o adaptará los pozos privados implicados en la contaminación cruzada de los acuíferos, cuyo coste deberán sufragar los propietarios, con un montante de 9,1 millones de euros. Como línea general, el nuevo sistema centralizado de 99 pozos no impedirá que se puedan seguir usando los sondeos privados, pero siempre que no se empleen las desalobradoras, que están absolutamente prohibidas.

Las comunidades de regantes tendrán que abonar 52,7 millones para la adecuación y ampliación de los sistemas de drenaje agrícolas, junto a las labores de limpieza y mantenimiento. Los ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar tendrán que aportar hasta 52 millones para mejorar los sistema de saneamiento y construir tanques de tormenta.

La parte del león le corresponde al Gobierno regional, que tiene a su cargo la ejecución del mayor número de medidas, como el control de las escorrentías y transportes de sedimentos, la ampliación y mejora de las depuradoras, la revisión y adecuación de las instalaciones de almacenamiento de deyecciones, la recuperación de espacios litorales de gran valor ecológico, así como la mejora en la integración ambiental de los usos de navegación, turismo, pesca y actividades costeras, entre otras. Este último capítulo es el más cuantioso, con 125 millones de euros de presupuesto. A expensas de las ayudas de la UE, la Comunidad tendrá que dedicar una media de 37 millones por año para el ‘vertido cero’.

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