Imputan a un exalto cargo de Carreteras que no comunicó el riesgo de inundación en Mar de Cristal por un canal agrícola. La reactivación de la causa judicial abierta por las inundaciones ocurridas en Mar de Cristal, Playa Honda y Los Nietos desde 2011 a 2015 ha llevado a la imputación de un exalto cargo de la Comunidad Autónoma y a la apertura de una pieza separada para aclarar su presunta responsabilidad en los hechos. En concreto, el Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena ha citado como investigado por un presunto delito contra la ordenación del territorio a quien fue subdirector general de Carreteras de la Comunidad Autónoma, Luis García, por la presunta omisión de su deber de informar sobre el riesgo de avenidas de agua causado por unas canalizaciones de agua.

En un auto dictado días atrás, el Juzgado explica que la imputación obedece a que, en la declaración que prestó ante este mismo órgano, admitió que conoció la existencia de un canal de desagüe central que discurría hacia la urbanización Mar de Cristal. Ahora, se trata de determinar si el no haberlo comunicado a ningún organismo competente fue algo que hizo a sabiendas de que estaba «silenciando» una posible infracción de la normativa.

Hace ahora un año, según fuentes conocedoras del caso, tanto a la jueza como a la Fiscalía les llamó la atención que García comentara que al observar el canal cruzabas unas huertas y desembocaba en el pueblo, pensó que había peligro de desbordamiento de las aguas. Al ser requerido para que aclarara por qué no avisó a la autoridad correspondiente, el testigo insistió en que se trataba de algo que se salía de sus obligaciones y que, además, coincidió con que él se iba de vacaciones.

En esta prueba testifical, este antiguo responsable de la Consejería de Fomento descartó, no obstante, anomalías en las obras autorizadas por su departamento para instalar las tuberías. También recordó que las zonas situadas fuera de la zona de servidumbre, que abarca una superficie de 30 metros de ancho junto a la red viaria, quedaba fuera de su responsabilidad.

Territorio y Medio Ambiente

Las pesquisas iniciadas a raíz de una querella de la Fiscalía contra diecisiete empresas, por la transformación de terrenos rústicos para regadío y por la construcción ilegal de canales de desagüe al Mar Menor, han llevado también a la citación como testigos de un técnico de la Consejería de Medio Ambiente. En este caso, se trata de dilucidar las aparentes roturaciones de terrenos para la agricultura intensiva en el parque regional de Calblanque.

Asimismo, serán interrogados como testigos el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) José Carlos González y el excomisario adjunto Rogelio Bravo. En el caso de González, la instructora pretende recabar información sobre si las fincas de la ribera sur bajo sospecha disponían o no de agua, y si fueron objeto de expedientes sancionadores. En cuanto a Bravo, se trata de concretar la existencia de derecho de agua en los terrenos de Calblanque y la situación de la mercantil Juanjor.

Esta última es una de las diecisiete empresas investigadas por cuatro presuntos delitos: contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, contra el patrimonio histórico y de usurpación de aguas. El expediente afecta a sociedades agrícolas que explotaron los suelos y a propietarios que alquilaron las fincas, por los efectos de la alteración de pendientes, el desvío de ramblas y otras obras sin licencia.

El listado de personas que tendrán que comparecer también en el Palacio de Justicia incluye a dos peritos, uno de ellos el conocido catedrático de Biología de la Universidad de Murcia Ángel Pérez Ruzafa. Se trata del portavoz del Comité Científico del Mar Menor, impulsado por la Comunidad

También testificará el representante de la Comunidad de Regantes Arco Sur-Mar Menor, Eloy Celdrán, sobre si los terrenos tenía o no suministro de agua. Será preguntado sobre las sanciones tramitadas por la Confederación, por la supuesta ampliación del perímetro de riego en varias parcelas ubicadas en el paraje de Los Garridos. Asimismo, declarará el copropietario de unos terrenos de regadío de Calblanque, que tenía contratos con Juanjor.

Reparación a los vecinos

Lo que la juez sí ha desestimado es ampliar la causa a los delitos de estragos, de daños y de daños por imprudencia grave; en el primer caso, porque no ve cumplidos los requisitos que marca el Código Penal, y en los otros dos por falta de legitimación de la acusación y porque no lo ha pedido la Fiscalía. Eso sí, los denunciantes -que solo por las lluvias de noviembre de 2011 reclaman entre los dos unos 80.000 euros- pueden solicitar la reparación de los daños y perjuicios materiales sufridos en sus viviendas, así como los de tipo moral. El propio juzgado ha encargado una valoración económica de los daños.

En la causa están personados, como acusación particular, dos vecinos de Mar de Cristal, y como acusaciones populares, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena la Asociación de Comerciantes y Empresarios de La Manga y Cabo de Palos.

«Indolencia» del Ayuntamiento, pero no indicios penales

El Juzgado de Instrucción 2 ha descartado citar a declarar a técnicos o cargos políticos del Ayuntamiento de Cartagena. Así, ha desestimado la petición de imputar al concejal Francisco Espejo, puesto que no era edil de Urbanismo (sino de Infraestructuras) antes de noviembre de 2013, y la acusación particular se refería a hechos anteriores. Tampoco halló la instructora indicios racionales que el Ayuntamiento omitiera su deber de vigilancia, inspección y control ni las denuncias vecinales. Eso sí, la magistrada considera que hubo «cierta indolencia» en la respuesta a las denuncias que le remitieron los afectados por las inundaciones desde 2011. Los residentes recurrieron al Defensor del Pueblo, lo que llevó a la institución municipal a tramitar un expediente sancionador contra las empresas ANS y Vano SL y a estudiar medidas junto con la Dirección General de Carreteras y la Dirección General del Agua, de la Consejería de Agricultura y Agua. A lo que sí se expone el Ayuntamiento es a ser condenado por responsabilidad civil subsidiaria.