Esta contradicción (llamarte sostenible cuando eres todo lo contrario) se suma al concepto creativo de la campaña, que plantea una falsa dicotomía entre comer o proteger nuestro patrimonio. La comunicación es una función vital y una ciencia social que estudia las relaciones entre personas (individuales o jurídicas): cómo intercambiamos mensajes a través de diferentes canales y códigos. Algunas de las disciplinas que desarrollan su actividad a partir de ella son la publicidad, el periodismo, el marketing, la psicología o la semiótica.
En cualquiera de estas, el uso de la comunicación para perjudicar a la sociedad es especialmente reprobable: manipula la realidad e impide que tomemos decisiones colectivas basadas en la verdad.
Por eso la campaña contra la Ley de Protección del Mar Menor lanzada por la Fundación Ingenio (alias lobby de agricultura del Campo de Cartagena) es tan reprobable. El despliegue de mensajes asociando el desabastecimiento alimentario con la protección del Mar Menor es algo más que una mentira: está mal.
La dualidad entre el bien y el mal parece un tópico simple, pero es eficaz para resumir esta situación en la que una minoría impone sus intereses a la mayoría. En el conflicto entre agricultura y medio ambiente, ¿a qué aspiramos como ciudadanos de la Región de Murcia si permitimos que un sector monopolice los recursos de todos a costa de la estafa, el individualismo y la corrupción? ¿Qué clase de economía queremos tener?
La ecocidio del Mar Menor puede beneficiar a la agricultura (5,39% del PIB y 11% sumando la industria agroalimentaria), pero perjudica a sectores tan fundamentales como la pesca, el turismo, la vivienda, el comercio minorista o los servicios, que suponen el 68,63% del PIB.
El despotismo de este grupo de presión no solo daña la diversidad económica, también al laboral. El 46,33% de los puestos de trabajo en Murcia pertenecen al sector agrícola; concretamente el 41% peones: la ocupación con mayor tasa de desigualdad (80% de hombres frente a 20% de mujeres) y que ostenta las peores condiciones laborales, muchas veces ilegales: jornadas a destajo, sin recursos, sin contrato y sin papeles.
Esta violación sistemática de los derechos laborales, medioambientales y, en definitiva, humanos para beneficiar a los grandes empresarios, que acaparan poder y riqueza a costa de las vidas de la mayoría, es una mala inversión a largo y a corto plazo: mucho más cara que replantear el modelo de negocio de la agricultura.
La campaña de greenwashing de la Fundación Ingenio pretende vender que el sector agrícola es un motor económico para la Región, cuando tal y como está planteado es más bien un lastre; y mentir descaradamente para esconder que sus prácticas irregulares (por las que la Fiscalía investiga desde 2017 a empresarios del Campo de Cartagena, la Confederación Hidrográfica del Segura y ex miembros del Gobierno Regional) son la causa principal del grave colapso medioambiental del Mar Menor.
No contentos con levantar un imperio sobre su cadáver, argumentan que la “producción de alimentos sostenibles” es el primer objetivo de la Fundación, mientras rechazan una reconversión sostenible del modelo económico con el discurso de que “no hay pruebas que aseguren que las medidas que contempla la Ley del Mar Menor vayan a mejorar el estado de la Laguna”.
Esta contradicción (llamarte sostenible cuando eres todo lo contrario) se suma al concepto creativo de la campaña, que plantea una falsa dicotomía entre comer o proteger nuestro patrimonio.
No estamos eligiendo entre el Mar Menor o una marinera: el 22 de julio – con la aprobación de la Ley de Protección del Mar Menor en la Asamblea Regional- decidimos entre luchar por una Región mejor para todas las personas que viven y trabajan en ella o renunciar a todo para que unos pocos sigan amasando billetes.
Fuente: eldiario.es
