Pacto por el Mar Menor va a utilizar la Ley de Responsabilidad Medioambiental para tomar parte en todos los procedimientos que abra la Fiscalía Superior de Medioambiente de la Región. La plataforma está en contacto con el Ministerio Público, sobre todo, después de que este haya avanzado que no descarta abrir un contencioso-administrativo por la gestión ecológica de la laguna. Cabe recordar que hace unas semanas la Fiscalía instaba a la Comunidad a asumir su responsabilidad ante el deterioro del Mar Menor y le pedía impulsar la resolución de los expedientes contra los responsables de esa contaminación.

Pacto por el Mar Menor estará pendiente de la evolución de este proceso. La plataforma también avanza que va a iniciar acciones legales por los vertidos que se están produciendo tierra-mar en la zona de Los Alcázares y Santiago de la Ribera. Ramón Pagán, portavoz de Pacto por el Mar Menor, señala que “vamos a iniciar unas denuncias por la vía administrativa lo cual no quita que acabe en la vía judicial porque se están produciendo vertidos y queremos exigir que se depuren responsabilidades”.

La presión urbanística forma parte tambíen de la ecuación de la crisis ambiental del Mar Menor. Pacto avanza que estarán pendientes de la evolución de 2 desarrollos en las inmediaciones de la laguna: “Vivero” junto a las Salinas de Marchamalo y “Nova Rivera” en el término municipal de Los Alcázares. La ofensiva legal de Pacto por el Mar Menor se completa con 2 cosas más. Están dando soporte y asistencia técnica a través de sus abogados a las partes que están personadas en el caso “Topillo” que investiga el deterioro ambiental de la albufera. También la plataforma trabaja para mantener activos los expedientes en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, órganismo comunitario ante el que ya intervinieron hace 4 meses por el mismo asunto.

Más a largo plaza la estrategia legal de esta plataforma sin ánimo de lucro, pasa por tratar de conseguir dotar al Mar Menor de personalidad jurídica propia, como ya se hace con enclaves de alto valor ecológico en otras partes del mundo. Consideran que esta puede ser una forma de defender mejor los intereses de la mayor laguna salada de europa y sobre la que pesan varias figuras de protección medioambiental. Ramón Pagán precisa que “hay varios lagos, ríos y zonas selváticas que por su valor natural tienen declarada la personalidad jurídica. Esto implica que sus representantes se pueden presentar ante la justicia para reclamar sus derechos”.

Fuente: orm.es