La Organización Mundial de la Salud (OMS), los líderes mundiales y los productores de vacunas ya están pensando en ello. Aunque existe un compromiso expreso con la distribución “justa y equitativa”, ¿cómo se llevaría a la práctica?
Por el momento, 19 expertos en salud mundial han propuesto un plan de tres fases para la distribución de vacunas. Se llama Modelo de Prioridad Justa y su objetivo es reducir las muertes prematuras y otras consecuencias sanitarias irreversibles de la COVID-19. El artículo se ha publicado esta semana en Science y ha sido dirigido por el Dr. Ezekiel J. Emanuel, vicerrector de Iniciativas Globales y presidente de Ética Médica y Política de Salud de la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania.
Aunque se ha avanzado poco en la descripción de un marco de distribución único y global para las vacunas contra la COVID-19, han surgido dos propuestas principales. Por un lado, algunos expertos defienden que los primeros en vacunarse deberían ser los trabajadores de la salud y las poblaciones de alto riesgo, como las personas mayores de 65 años. La OMS, por su parte, sugiere que los países reciban dosis proporcionales a sus poblaciones.
Para el Dr. Ezekiel J. Emanuel, desde el punto de vista ético, ambas estrategias son “gravemente defectuosas”. “La idea de distribuir las vacunas por población parece ser una estrategia equitativa”, dijo Emanuel. “Pero el hecho es que normalmente, distribuimos las cosas basándonos en la gravedad del sufrimiento en un lugar determinado, y, en este caso, argumentamos que la principal medida de sufrimiento debería ser el número de muertes prematuras que una vacuna evitaría”.
En el Modelo de Prioridad Justa, Emanuel y su equipo, señalan tres aspectos fundamentales que ellos creen que deben considerarse al distribuir una vacuna contra la COVID-19 entre los países: beneficiar a las personas y limitar los daños, dar prioridad a los desfavorecidos, y dar la misma preocupación moral a todos los individuos. El Modelo de Prioridad Justa aborda estos aspectos centrándose en la mitigación de tres tipos de daños causados por el coronavirus: la muerte y el daño permanente de los órganos, las consecuencias indirectas para la salud, como la tensión y el estrés del sistema de atención de la salud y la destrucción económica.
De estos tres daños, los autores ponen el foco en la prevención de la muerte, sobre todo la prematura, hecho que consideran particularmente urgente. La muerte prematura por COVID-19 se calcula atendiendo a los “años de vida esperados perdidos”, una medida de salud global comúnmente utilizada. La muerte prematura forma, por tanto, parte de la fase 1 del Modelo de Prioridad Justa. En la fase 2 los autores proponen dos mediciones que captan la mejora económica general y la medida en que las personas se librarían de la pobreza. En la fase 3 se daría prioridad a los países con tasas de transmisión más altas. Con respecto a esto último, los autores apuntan que todos los países deberían recibir suficientes vacunas para detener la transmisión, lo cual se proyecta que requiere que entre el 60 % y el 70 % de la población sea inmune.
Volviendo a la sugerencia propuesta por la OMS, su plan consiste en que se empiece por que un 3 % de la población de cada país reciba las vacunas. Se continuará con la asignación proporcional a la población hasta que cada país haya vacunado al 20 % de sus ciudadanos. Emanuel y sus colegas sostienen que, aunque el plan puede ser políticamente defendible, “supone erróneamente que la igualdad requiere tratar de forma idéntica a países de distinta situación, en lugar de responder de forma equitativa a sus diferentes necesidades”. En realidad, los países igualmente poblados se enfrentan a niveles dramáticamente diferentes de muerte y devastación económica por la pandemia, dicen.
Los autores también se oponen al plan que daría prioridad a los países en función del número de trabajadores de atención de la salud de primera línea, la proporción de la población mayor de 65 años y el número de personas con comorbilidades (presencia de una o más enfermedades además de la enfermedad o trastorno primario) dentro de cada país. Se muestran en contra porque afirman que inmunizar preferentemente a los trabajadores de la salud, que ya tienen acceso a equipos de protección personal (PPE) y otros métodos avanzados de prevención de enfermedades infecciosas, probablemente no reduciría sustancialmente el daño en los países de mayores ingresos. Del mismo modo, argumentan que centrarse en vacunar a los países con poblaciones de mayor edad no reduciría necesariamente la propagación del virus o minimizaría la muerte. Además, los países de ingresos bajos y medios tienen menos residentes de edad avanzada y trabajadores de la salud per cápita que los países de ingresos más altos, afirman.
“Lo que se acaba haciendo es administrar muchas vacunas a los países ricos, lo que no parece ser el objetivo de una distribución justa y equitativa”, dijo Emanuel. Los autores concluyen que el Modelo de Prioridad Justa es la mejor encarnación de los valores éticos de limitar los daños, beneficiar a los desfavorecidos y reconocer la preocupación igualitaria por todas las personas.
“Dependerá de los líderes políticos, la OMS y los fabricantes implementar este modelo”, dijo Emanuel. “Los responsables de la toma de decisiones están buscando un marco para asegurar que todos en todo el mundo puedan ser vacunados, de modo que podamos detener la propagación de este virus”.
Fuente: muyinteresante.es
