Julia Martínez, directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, fue tajante ayer en la Comisión de Política Territorial de la Asamblea regional con la situación de la laguna y sentenció que la elevada cantidad de nitratos y otros compuestos que llegan al ecosistema y que lo contamina a través de escorrentías o por filtraciones desde el acuífero del Campo de Cartagena tienen su origen en la actividad agrícola. Ante los diputados regionales pidió reducir el tamaño del regadío en la cuenca vertiente del Mar Menor desmontando todos los que sean ilegales. Además pidió prohibir el uso de purines en la agricultura, aplicar a esta actividad una tasa ambiental y recuperar los humedales naturales en el Mar Menor.
Tras exigir también un plan de reconversión ambiental de las actividades agrícolas, Martínez exigió que se les aplique en la Región esa tasa para «modular» su actividad según el principio de «quien contamina, debe pagar». Denunció que la Ley de Protección Integral del Mar Menor elimina la obligación de implantar sistema de eliminación de nitratos a los propietarios de desalinizadoras, lo que es «ineficaz» para acabar con la contaminación en origen y hace que «las medidas de final de tubería salgan caras».
Ginés Luengo, decano del Colegio de Biólogos, pidió ayer en la comisión una consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente «totalmente independiente» de los sectores socioeconómicos para controlar las irregularidades del Mar Menor. Luengo entendió que «un órgano de control no puede estar subordinado al resto de sectores que tiene que controlar» y el deterioro del Mar Menor es un «problema medioambiental» con «base fundamentalmente agrícola» debido a las aportaciones de nitratos de su actividad actual y pasada.
El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, invitado a participar en la comisión a petición de Ciudadanos, aseguró que el Mar Menor «no aguanta ni más parches ni más tiritas». Cervera lanzó dos propuestas, una de ellas para que «ninguna institución pueda legislar en contra del Mar Menor o que una empresa o persona pueda atentar contra él», por lo que planteó dotar al Mar Menor de personalidad jurídica propia; y, por otra parte, insistió en que el sector agrícola «no es el único que ha incidido negativamente en el Mar Menor», por eso consideró «necesario» impulsar una moratoria urbanística temporal.
Fuente: laopiniondemurcia.es
