Proponen un pago de 500 euros por hectárea y año, una tarifa que podría reducirse si el cultivo es ecológico o de secano. El futuro del Mar Menor pasa por crear un Parque Regional que incluiría la laguna, los espacios ya protegidos actualmente y una franja del Campo de Cartagena por delimitar en detalle. Es una de las principales propuestas que han formulado los vecinos, los pescadores y los ecologistas, integrados en la plataforma SOS Mar Menor, para mejorar el decreto ley de protección de la laguna, aprobado por el Gobierno regional el pasado 26 de diciembre. Esa superficie protegida incluiría el cordón perimetral mínimo de 2 kilómetros que la plataforma exige establecer para proteger la laguna de los efectos de los regadíos, la actividad ganadera y cuanto suponga un impacto negativo en el ecosistema marino. El decreto ley del ejecutivo de López Miras solo preserva una banda de 500 metros, que SOS Mar Menor considera insuficiente.

Otra propuesta de la plataforma es el cobro de una tasa a los productores agrícolas y ganaderos «para aplicar el principio de quien contamina paga», según indicó la bióloga Julia Martínez, de Ecologistas en Acción. La tasa tendría un importe de 500 euros por hectárea ocupada y año, que sería modulable arriba o abajo según las características de la explotación. Es decir, que las explotaciones ecológicas o de secano abonarían una tasa más reducida tendente a la exención, o bien estarían sujetas a un pago superior en el caso de las grandes instalaciones. «Se trata de premiar a quien lo hace mejor», explicó la experta, quien cree que «el sector agrícola debería liderar la ‘revolución verde’ por su propio interés, ya que los mercados europeos están cada vez más inquietos por el impacto de sus productos en el Mar Menor».

El decreto, «un paso atrás»

Son las tres reivindicaciones más llamativas de la réplica que la plataforma hace a la nueva normativa regional, que consideran «un paso atrás con respecto a la ley de Medidas Urgentes», que proponen recuperar. Tras estudiar la ley, explican que «solo 10 de los 85 artículos suponen ciertos avances, aunque con una incidencia real muy limitada», mientras que 62 artículos regulan aspectos «ya recogidos en otras normativas», y 13 equivalen directamente a «pasos hacia atrás para contentar a la agroindustria y el urbanismo».

De hecho, los colectivos agrupados en SOS Mar Menor, que ayer presentaron su informe de valoración de la nueva ley, creen que es «más permisiva» con los sectores primarios, ya que levanta la prohibición de usar fertilizantes de solubilidad alta, de gran poder contaminante, y reduce la limitación de estiércoles y otros abonos orgánicos».

Con la nueva norma, «se elimina la fórmula de ‘quien contamina paga’, ya que acaba con la obligatoriedad de un sistema de reducción de nitratos por parte de los titulares de las desalobradoras, de modo que supone un trato injusto para cualquier otra industria, que sí tiene que pagar, como el resto de los ciudadanos», expuso la bióloga. Cree, asimismo, que «se desvirtúa y minimiza la obligación de contar con estructuras vegetales de conservación, y de dedicar un 5% de las explotaciones agrarias a sistemas de retención de nutrientes».

En materia agrícola, el informe alerta que la ley desbanca la producción ecológica como modelo agrario de cuenca, y ni siquiera exige un código de buenas prácticas.

La plataforma alerta sobre «el aumento de la presión urbanística al que dará pie la nueva ley en un entorno ya sobresaturado», ya que «pasa de puntillas sobre la ordenación territorial -con solo 5 artículos- y plantea una tímida moratoria urbanística para únicamente la zona 1 que es el 10% de la cuenca». Avisa sobre «las trampas» que en el texto aprobado permitirán en el futuro aprobar nuevos desarrollos: los que tengan la aprobación inicial y los que, sin tenerla, se declaren de interés turístico. SOS Mar Menor no propone ceses urbanísticos temporales sino permanentes. «Hay tanta saturación que solo se deben autorizar ampliaciones de cascos urbanos consolidados que obedezcan a crecimientos vegetativos y siempre que los municipios que los soliciten demuestren un comportamiento ambiental óptimo», explica la bióloga.

Un observatorio de control
Para los puertos deportivos, exige una política de ‘ampliaciones cero’ y un plan de reconversión de los pantalanes a estructuras permeables que eviten el enfangamiento que rodea a todas las dársenas de la laguna. Piden además un Observatorio del Mar Menor, que vigile el cumplimiento de las medidas de protección, ya que la plataforma denuncia «el control por parte de la Comunidad, que ocupa el 45% de los vocales del Comité Social para que las decisiones no afecten a los intereses económicos».

La plataforma ciudadana, integrada por la Asociación de Ecologistas del Sureste (ANSE), la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC), Greenpeace y Pacto por el Mar Menor, hará llegar sus propuestas a todos los grupos parlamentarios y a la Comunidad Autónoma.

SOS Mar Menor aclaró ayer que no se opone específicamente al trasvase de agua para la actividad agrícola, ya que «el origen del agua no afecta a la contaminación», pero sí señala «las competencias de la Comunidad Autónoma en la gestión de la actividad agraria y sus efectos». Anuncia «más movilizaciones» y «las acciones legales necesarias».

Fuente: laverdad.es