¿Cómo expresar mi comprensión y solidaridad con el conmovedor escrito del 8 de abril que las alcaldesas de San Pedro del Pinatar y Cartagena y los alcaldes de San Javier y Los Alcázares, han dirigido a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pidiéndole que por favor se les ponga al teléfono, acuda a las reuniones que convocan, y, sobre todo, se digne interesarse por la tragedia ambiental que vive el Mar Menor? ¿Cómo no estremecerme de emoción al ver, respaldando esas honorables firmas, la del héroe de nuestra laguna, Javier Luengo, que, no sólo como natural de esas orillas tan castigadas, sino como exconcejal de San Javier y, sobre todo, por su ardua labor como director del Mar Menor y como consejero de Agricultura y Medio Ambiente, debiera concitar el respeto y la admiración de los murcianos?

Pues en esas estoy, triste e indignado por la injusticia de que son objeto esos cuatro dignísimos y esforzados líderes, por parte de esa madrastrona, distante e insensible, que es doña Teresa Ribera, y ese padrastrón desalmado que es el Gobierno de Madrid; y preguntándome cómo contribuir, con mi humilde papel y mis escasas luces, a aliviar tanto dolor y a denunciar vigorosamente la malevolencia e ingratitud de los políticos de Madrid, en adecuada sintonía con tan justificadas quejas. ¿Cómo hacer, apoyando sin fisuras a estos dignísimos alcaldes y alcaldesas, y para contribuir a la tranquilidad de su conciencia, visto el encanallamiento, que no deja de aumentar, de los responsables más directos de esta tragedia, todos ellos en Madrid?

Vaya por delante que la calidad semántica de esta carta bien merecería un análisis exhaustivo de textos, quizás un tratado. No lo tengo nada fácil, pero aun así intentaré hacerle justicia, y creo que lo más seguro es ceñirme a la literalidad de misiva tan sentida, con sus muy sensatas omisiones y sus no menos imaginativas acusaciones.

Sobre las omisiones, ciertamente perspicaces, merece la pena que destaquemos la habilidad, digna de todo encomio, con que se evita cualquier alusión a términos y conceptos tan inoportunos y extraños como agricultura, agricultores, nitratos, pesticidas, ya que nada tienen que ver con el problema. En su lugar, hay una referencia a los nutrientes y los flujos que discurren por la rambla del Albujón y los canales de drenaje (sin señalar su origen, no vaya a molestarse alguien), que debieran ser bombeados por la instalación que, construida por el Ministerio, actualmente no funciona: de ahí que esos aportes, más un alto porcentaje de agua dulce estén entrando al Mar Menor, poniendo en riesgo el equilibrio del ecosistema, y eso no se puede consentir, que ya está bien. Por supuesto que estas afirmaciones, tan rigurosamente basadas, siguen el magisterio del científico en jefe de la movida del Mar Menor, el catedrático Pérez Ruzafa, quien permanece impertérrito, como debe ser, dando cobertura a las instancias políticas autonómicas y municipales, a despecho de críticos y envidiosos que lo relacionan con la prolífica estirpe de la ciencia palaciega o mercenaria.

La otra gran omisión, debida sin duda a la necesaria, y debida, elegancia en las relaciones político-administrativas, es la de las autoridades autonómicas, a quienes la acelerada tragedia marmenorense ha pillado por sorpresa, pese a que su preocupación por la mala marcha de la laguna ha sido siempre conocida y eficaz. Estas autoridades no tienen nada que ver –ni lo han tenido nunca– con el problema, por supuesto, y si el fiscal jefe del TSJ de Murcia dice que hay que empapelar a media docena de antiguos consejeros de Agricultura por su clara implicación en el crimen, no es más que por hacerse el duro: todos sabemos que eso ni tiene sentido ni llegará a ningún sitio.

Habría una tercera omisión, de bulto pero que se justifica más fácilmente que las anteriores, y es la implicación directa de los propios alcaldes, que es grande, nítida y de muy gruesa trascendencia penal. Pero con el esfuerzo hercúleo desplegado desde hace años, sus responsabilidades están más que cubiertas e incluso superadas: gracias a ellos el desastre no es mayor de lo que es, y eso hay que reconocérselo. Por supuesto que saben muy bien que entre sus más importantes competencias están las urbanísticas, y que esto implica que no debe producirse la menor alteración del uso del suelo sin su aprobación. Y es verdad que las miles de hectáreas de suelo convertidas de secano en regadío (con cierta liberalidad, aceptémoslo, respecto de la Ley del Suelo y la Ley de Aguas) remiten, según los puntillosos, a una prevaricación continuada y pertinaz de esos cuatro alcaldes y alcaldesas, pero todos ellos se han sentido siempre protegidos por los consejeros de Agricultura y por la Confederación Hidrográfica del Segura, con su apéndice vengador de la Comisaría de Aguas; y esa cordial entente, con muy buen rollo, ha permitido los éxitos rutilantes de nuestra portentos agricultura, admirada en el mundo entero. Además, les ha llegado la onda de que el fiscal de Medio Ambiente el TSJ opina que esto de pasar de secano a regadío es como un deporte regional, que lo hace todo el mundo, propietarios y alcaldes, y no se va a poner patas arriba tan beatifico status quo. Ellos saben que viven en la ilegalidad y la prevaricación, pero ¿y qué? No tendría sentido tomar las leyes al pie de la letra, y por eso, en su amarga epístola, dirigida a los verdaderos enemigos del Mar Menor callan, pudorosa y humildemente, los aspectos infames de su heroico oficio.

Por otra parte, no sería exacto afirmar que nuestros alcaldes tratan de huir como ratas del naufragio final y del inevitable señalamiento por la historia (o por los tribunales, si se lo curran), ni acusarles de apelar a la bien conocida táctica de que “la mejor defensa es un buen ataque”, señalando como culpables, consecuentemente con estos elevados principios, a los más lejanos. Porque su itinerario político, así como el de sus antecesores, es y ha sido intachable. Y esto, pese a las dudas que produce cualquier repaso histórico, al ver a tantos alcaldes anteriores doblando la cerviz ante Don Tomás Maestre y las barrabasadas que cometía con el Mar Menor, como la del ensanchamiento del canal del Estacio y otros famosos asaltos al suelo y las playas en La Manga, y viendo a los de ahora –ellos– hacer lo mismo ante empresas y sindicatos agrarios; que cada tiempo tiene sus asaltantes de bienes comunes y a los democráticos representantes del pueblo les suele tocar que hagan de serviles y peleles, ya que a estos preclaros bienhechores hay que corresponder con atención, allanamiento y deuda.

En cuanto a las peticiones, estas son varias y tienen en común el pedir ayuda al Estado. Y resulta que tan patética y desconsolada llamada de auxilio podría, vaya por Dios, ser atendida por esas altas instancias, hasta ahora imperturbables, si bien no exactamente como nuestros menospreciados alcaldes y alcaldesas preferirían. Así, a la solicitud de que Madrid nombre un Alto Comisionado del Mar Menor, que pueda encarnar el desaguisado histórico y con el que poder celebrar más broncas que reuniones, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha apuntado a la posibilidad –con esa misma lógica– de despojar de competencias ambientales a la Comunidad Autónoma y, en consecuencia, a los ayuntamientos del Mar Menor, algo así como el 155 ambiental que los ecologistas vienen pidiendo que se aplique a una región tan escandalosa como incompetente. Pero eso no sería amistoso ni justo: nuestros alcaldes se referían a otra cosa, mucho más blanda y dulce: lo más parecido a un nuevo chivo expiatorio con nombre y apellidos, que ya está bien de echarles la culpa a ellos, afligidos e inocentes alcaldes y alcaldesas del Mar Menor.

Fuente: eldiario.es