El asesor jurídico de Medio Ambiente carga duramente contra la Consejería por la sentencia del TSJ sobre el Mar Menor

El instructor que tramitó la petición de la Fiscalía de exigir el pago por daño ambiental a ocho empresas que vertieron a la laguna responsabiliza al director general Francisco Marín del varapalo judicial.

El asesor jurídico de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, José Antonio Martínez Díez de Revenga, ha cargado duramente contra su propio departamento en un comunicado donde se defiende de las acusaciones vertidas contra él por parte de la Comunidad al hacerle responsable de la sentencia que ayer el Tribunal Superior de Justicia dictó en contra del Gobierno regional. El dictamen del Alto Tribunal obliga a la Consejería a exigir responsabilidad ambiental a ocho empresas que contaminaron el Mar Menor con sus vertidos, algo a lo que se negó en un principio alegando que esas competencias recaen sobre la Confederación Hidrográfica del Segura.

La Comunidad responsabilizó ayer a este asesor jurídico, funcionario de la Consejería, por establecer un primer criterio en el que marcaba que era la Dirección General de Medio Ambiente la competente para iniciar esos expedientes a petición de la Fiscalía, una posición que modificó un año más tarde, en 2021, para señalar a la CHS. La Comunidad subraya que tuvo que acatar “el cambio de criterio del instructor, para no incurrir en un delito de prevaricación» y añade que este cambio fue “sin justificar ni motivar el cambio de criterio“.

El instructor se ha visto en la obligación de publicar un comunicado en el que señala que no puede “consentir” que “de forma torticera o subliminal se ponga en cuestión mi profesionalidad y buen hacer, que acredito con 35 años de experiencia en los servicios jurídicos”. En el escrito, al que ha tenido acceso esta redacción, el funcionario, aunque admite que su primer criterio era que la Consejería debía hacerse cargo de esos informes, reconoce que su cambio “de parecer se produjo cuando, tras varios meses de tramitación, los servicios técnicos de la Dirección General emitieron un informe en el que sostenían, de forma razonada y con sólidos argumentos a mi juicio, que la competente era la CHS“.

La decisión final del instructor, aunque partiera de él, “es de absoluta responsabilidad del director general de Medio Ambiente [Francisco Marín] que puede seguirla, rechazarla o modificarla recabando nuevos informes”. Para Díez de Revenga es un “despropósito”, fruto del desconocimiento de los asuntos jurídicos, “decir que si el director general se aparta de mi propuesta por ello incurriría en delito de prevaricación“, como defendió ayer la Comunidad.

Este informe al que hacía referencia el funcionario experto en legislación ambiental fue elaborado por el jefe del Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental, un informe que ha sido objeto de crítica por parte del TSJ en su sentencia, ya que considera que incurre en «una clara extralimitación», hasta el punto de entrar en detalles jurídicos que no le correspondían. Sin embargo, la conclusión final del instructor que motivó la posición de la Comunidad fue defendida por esta administración y su presidente Fernando López Miras en mayo del pasado año, cuando la Fiscalía anunció que llevaba al Gobierno regional frente a los tribunales por su inacción para proteger el Mar Menor.

Apoyo de la jefa del Servicio Jurídico

Este posicionamiento también fue refrendado por la jefa de los Servicio Jurídicos de la Consejería, María Dolores Bermejo, quien determinó que el daño por los vertidos se había producido en dominio público hidráulico, por lo que debía ser la Confederación la que actuara.

José Antonio Martínez Díez de Revenga fue, por un breve periodo de tiempo, secretario general de la Confederación en la época en la que estuvo al frente del organismo de cuenca la socialista Rosario Quesada. Duró dos meses y su dimisión se atribuyó a desavenencias con la presidenta y con el resto de la dirección.

El mismo funcionario critica en su carta que la Consejería no llegó a ofrecerle apoyo “interno o externo” de especialistas dado el complejo proceso que suponía dar trámite a la petición de la Fiscalía. “Hasta en tres ocasiones comuniqué oficialmente que es imposible iniciar si quiera estos procedimientos sin que por los servicios técnicos de Medio Ambiente se determinara que concurrirían los presupuestos legales exigidos”.

Con todo, y a modo de conclusión, el asesor jurídico señala que “si la sentencia ha puesto de manifiesto que la Comunidad lo ha hecho rematadamente mal, haciendo dejación de sus obligaciones legales de reparar los grandes daños ambientales causados al Mar Menor, es la institución y sus representantes los que deben asumir sus responsabilidades“.

Noticias Mar Menor hoy

Fuente: laopiniondemurcia.es