La Fiscalía acusa a 50 investigados por la contaminación del Mar Menor en el caso Topillo

Si la justicia mantiene su criterio, el exconsejero de Agricultura y Aguas, Antonio Cerdá, y el excomisario de Aguas de la CHS, Manuel Aldeguer, estarán entre los citados en el caso Topillo.

La Fiscalía ha acusado a medio centenar de investigados en el caso de la contaminación del Mar Menor, que fue abierto en un juzgado de instrucción de Murcia en 2017 por los vertidos contaminantes a la laguna procedentes de los abonos nitrogenados utilizados en las explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena.

La noticia de la presentación del escrito de acusación fue adelantada este viernes por el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, con ocasión de la visita a Murcia de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para asistir al acto conmemorativo de los 40 años del Estatuto Orgánico del ministerio público.

En ese momento, Díaz Manzanera calificó el escrito de acusación de «extenso y denso» y añadió que se había cumplido con los plazos que la fiscalía se había propuesto para entregar sus conclusiones provisionales, aunque no adelantó mayor noticia hasta que el juez de instrucción dé traslado del mismo a las acusaciones y defensas.

Aunque el contenido del escrito de acusación no ha trascendido aún por ese motivo, fuentes cercanas al caso han dicho a Efe que serían alrededor de cincuenta los acusados, para los que se pedirían distintas penas según su grado de participación presunta en los hechos.

Si se tiene en cuenta el criterio mantenido por la Fiscalía de Medio Ambiente durante la instrucción de la causa y su oposición a la estimación de los recursos presentados por varios de los investigados, se da como seguro que entre los acusados figurarán el exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, Manuel Aldeguer.

Los investigados en esta causa, en la que se trata de delimitar su responsabilidad en la contaminación que sufre la laguna salada, un espacio que goza de varias figuras de protección medioambiental, son tanto agricultores como empresas y políticos.

Causa pendiente

Además de este, otro caso relacionado con la laguna salada espera para ser resuelto por la justicia. Se trata de la causa que señala a la expresidenta de la CHS, Rosario Quesada. A finales de noviembre del año pasado, el juez apuntó que, al menos desde 2007, los órganos directivos de la CHS tuvieron conocimiento de que se estaban utilizando desaladoras privadas en un gran número de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena «careciendo de la correspondiente autorización, las cuales se nutrían de pozos, muchas veces también ilegales, y que el vertido del rechazo de estas desaladoras terminaba de nuevo en el acuífero o en una red de salmueroductos.

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Fuente: laopiniondemurcia.es