La ILP del Mar Menor dará defensa gratuita a los vecinos que protejan a la laguna salada de Murcia
La primera pregunta que se hizo la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, Teresa Vicente, cuando aterrizó en la Facultad del campus de La Merced es «por qué el derecho no protege a la naturaleza». Años después, sentada frente a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, la promotora de la iniciativa legislativa popular para otorgar de personalidad jurídica al Mar Menor ha recordado ese largo camino que implica ver cómo «ha fracasado el derecho ambiental» hasta la necesidad de abordar que un ecosistema «pueda plantear sus propios derechos» con un nuevo modelo jurídico innovador y transparente que garantice esa protección.
A Vicente le han acompañado decenas de vecinos y defensores de la laguna que ayudaron a impulsar la recogida de apoyos. En dos autobuses, uno desde Los Alcázares y otro desde Murcia, un centenar de personas apoyaron la ILP desde la famosa Carrera de San Jerónimo. Dentro de la Cámara Baja, nada más darle la palabra el presidente de la Comisión y diputado de Unidas Podemos, Juan Antonio López de Uralde, a la defensora de los derechos medioambientales le suena el teléfono, intenta quitarle el sonido, y tras esto recordó a su público que llegaba a Madrid «con el mandato de más de medio millón de personas».
La iniciativa legislativa popular aterrizaba este martes en el Congreso de los Diputados para defender en una ponencia la urgente necesidad de plantear «una nueva conciencia ecológica» ante el «fracaso de las autoridades competentes» en proteger la laguna. Más de 600.000 firmas respaldan la acción que nació en 2019 en la Clínica Jurídica de la UMU y cuya promotora Teresa Vicente se puso al frente tras publicar un artículo en el periódico LA OPINIÓN donde abrió el debate de ser pioneros en Europa protegiendo a nivel jurídico un ecosistema.
La profesora ha tratado este martes de convencer a los diputados que conforman la Comisión de la necesidad de reformar el ordenamiento jurídico español, como el Código Civil o las leyes ambientales que engloban el Mar Menor, para dar encaje legal al proyecto de ley que comienzan ahora a debatir en el Congreso.
«El máximo beneficio económico»
«Se ha considerado al Mar Menor un objeto para su explotación económica sin límites», señalaba Vicente, que ha estado acompañada en la Comisión por el abogado ambientalista Eduardo Salazar. Frente a los diputados de varias formaciones ha recordado las diferentes presiones que han dañado el Mar Menor, tales como la presión urbanística «desaforada», los vertidos de salmuera, una mala planificación del regadío en el Campo de Cartagena, los metales pesados y tantas otras vías de contaminación por las que han pretendido obtener de la laguna «el máximo beneficio económico».
Fuente: laopiniondemurcia.es
