Las claves del juicio de Caso Topillo por la contaminación del Mar Menor
El magistrado Ángel Garrote, titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia ha abierto juicio oral por delitos contra el medio ambiente contra empresarios, administradores o encargados de 37 empresas agrícolas, por vertidos contaminantes al Mar Menor procedentes del uso de desalobradoras ilegales en el campo de Cartagena entre 2012 y 2017.
Investigación por vertido de nitratos al Mar Menor
El Caso Topillo centra su atención en cerca de 40 empresas agrícolas o productores del Campo de Cartagena cuyas desaladoras privadas e ilegales fueron utilizadas para extraer agua del acuífero y cuyos nitratos acabaron en el Mar Menor entre 2012 y 2017.
¿A quién se va a juzgar en el Caso Topillo?
El juez ha abierto juicio oral contra empresarios, administradores o encargados de empresas agrícolas, además de altos cargos que en aquellos años se encontraban en el Gobierno regional y en la Confederación Hidrográfica del Segura, como Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura, y Manuel Aldeguer, entonces Comisario de Aguas.
¿De qué delitos se les acusa?
A todos los investigados se les acusa de un delito contra el medio ambiente. Además, a los responsables tanto de la Comunidad como de la CHS en la vigilancia de la actividad agraria y el control sobre los recursos hídricos de la comarca, la Audiencia Provincial también les enjuiciará por prevaricación ambiental al haber omitido cualquier tipo de inspección obligatoria para evitar la degradación del ecosistema.
¿A qué penas se enfrentan?
El fiscal, en su calificación, acusa al exconsejero Cerdá de un delito contra el medio ambiente por el que pide un año y nueve meses de cárcel más una multa de 5.760 euros. Además, pide la inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante nueve años.
Para el excomisario de Aguas de la CHS se pide la misma pena de prisión, la misma multa y los mismos años de inhabilitación -actualmente es director general del Agua en el gobierno de la Comunidad Valenciana.
¿A qué penas se enfrentan las empresas?
Entre las empresas que más han contaminado, según lo acreditado en la instrucción del caso Topillo, está GS España, cuyo administrador David Abram se enfrenta a tres años y medio de cárcel; la mercantil Pozo Camachos, a la que se le pretende sancionar con 1,7 millones; otros 1,4 millones de euros para la firma Pozo Los Relentes o el gerente de Ciky Oro, Gilbert Dennis Bernard, para el que piden 3 años y medio de cárcel.
¿Quiénes ejercen de acusación popular?
Ecologistas en Acción, ANSE, SEO Birdlife y Greenpeace, que coinciden en sus acusaciones particulares en que las penas sean aún mayores por la gravedad de los presuntos delitos cometidos por los investigados.
Fianza interpuesta
La resolución hecha pública este jueves por el juez ordena que se requiera a los acusados y responsables civiles para que presten una fianza que asciende a un total de 16,25 millones de euros.
¿Se juzgará todo el caso en un mismo tribunal?
No, se acaba de abrir juicio oral de la primera causa. La segunda parte del Caso Topillo ha quedado dividida en 39 piezas diferentes que serán llevadas por juzgados de Murcia, Cartagena y San Javier. Esta segunda parte centra su atención en otras más de 40 empresas agrícolas o productores del Campo de Cartagena. Esta segunda parte nació fruto de la división con la primera causa, ya que esta estaba muy avanzada, y no era recomendable acumular más retrasos.
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Fuente: laopiniondemurcia.es
