Entre los acusados se encuentran un sargento de la Guardia Civil y un agente del mismo cuerpo a los que se atribuye un delito de cohecho. La Audiencia Provincial de Murcia tiene previsto iniciar este miércoles el juicio seguido contra 26 acusados de introducir 2.200 kilos de hachís procedentes de Marruecos y que fueron incautados, hace ahora más de doce años, en una playa de La Manga del Mar Menor.

Entre los acusados se encuentran un sargento de la Guardia Civil y un agente del mismo cuerpo a los que se atribuye un delito de cohecho porque, presuntamente, colaboraron en este tráfico ilícito al facilitar información sobre las operaciones que tenían en marcha.

El escrito de acusación del fiscal pidió el sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto a otros seis investigados, entre ellos, la pareja del suboficial de la benemérita. Sobre ella, la acusación estatal indica que el hecho de que fuese vista en unión de su pareja y de otro de los acusados en un restaurante de Murcia no supone indicio bastante para deducir que participaba en el tráfico de drogas.

Con respecto a los hechos que van a ser juzgados ahora, afirma la fiscalía que los mismos fueron descubiertos el nueve de junio, cuando cinco de los que serían detenidos participaban, presuntamente, en las operaciones de descarga en una playa de La Manga del Mar Menor.

Las fuerzas policiales y los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera se incautaron de 79 fardos de hachís, con un peso total de 2.200 kilos y un valor en el mercado negro de más de tres millones de euros.

A raíz de estas detenciones iniciales, con posterioridad se produjeron otras en Cartagena y en la provincia de Cádiz, donde, presuntamente, varios de los acusados habrían participado en otras dos operaciones de tráfico de estupefacientes.

Con respecto al alijo incautado en la playa de La Manga del Mar Menor, la fiscalía considera que el mismo, que procedía de Marruecos, fue preparado por Kamal M. y Fahid M.

Para los acusados del tráfico de drogas, reclama condenas que van desde nueve meses de prisión hasta cuatro años y medio, y para los miembros de la Benemérita, el sargento Alejandro D.M. y el agente José D.D., cuatro años de cárcel, multa de 30.000 euros e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de nueve años.

Fuente: laopiniondemurcia