Los habitantes de La Manga temen una llegada masiva de personas que puedan traer el virus; pero simultáneamente tienen una fuerte dependencia del sector servicios, pilar fundamental de la economía costera.
La población costera de La Manga, una de las playas más emblemáticas del Mar Menor, se enfrenta en las siguientes semanas a una doble crisis. Por un lado, el confinamiento por el coronavirus, que restringe los desplazamientos a cuestiones esenciales y pone en jaque el motor económico de zona, el turismo. Por otro, el precario estado de la laguna salada, uno de los referentes turísticos de la zona, que se ve afectado por las fuertes lluvias y la agricultura intensiva, actividad que durante el estado de alarma se ha intensificado.
Paralelamente, este tipo de zonas turísticas se han convertido en ‘vías de escape’ para familias que huyen de comunidades con más casos de Covid-19 o que, simplemente, deciden pasar la cuarentena en sus viviendas de verano.
La cifra de residentes a lo largo del año no es significativa, unas 19.000 personas según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero en los meses de verano (junio, julio y agosto) los números se disparan. Según datos del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), dependiente de la Consejería homónima, en torno a medio millón de personas se congregan en La Manga, un cordón litoral con una extensión de 21 kilómetros de longitud y una anchura de entre 100 y 1200 metros.
Sus habitantes temen una llegada masiva de personas que puedan traer el virus; pero simultáneamente tienen una fuerte dependencia del sector servicios, pilar fundamental de la economía costera. Mientras tanto, plataformas como Pacto por el Mar Menor, ANSE o Ecologistas en Acción vaticinan un empeoramiento de la albufera por la “inacción” de las administraciones regional y nacional, y un incremento de la producción agrícola en la zona.
Los primeros intentos de llegar a segundas residencias en zonas como La Manga comenzaron el fin de semana en el que se declaró el estado de alarma. Dos días antes, el 12 de marzo, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, se vio obligado a confinar siete municipios costeros, por la masiva afluencia de madrileños. Durante la Semana Santa se han tenido que reforzar los dispositivos policiales debido a un incremento de número de personas que intentaban llegar a segundas viviendas.
“Esto no es de ahora”, señala Gimena Bertachini, vecina de La Manga desde hace 20 años y presidenta de la Asociación de Vecinos. Un día antes de declararse el estado de alarma nacional, los supermercados “ya estaban desabastecidos, fue una locura”, expresa Gimena. Pocos días después, envió un comunicado alertando de la numerosa llegada de turistas con vivienda a los ayuntamientos de Cartagena y San Javier, de los que La Manga depende administrativamente.
Durante el fin de semana previo a la Semana Santa, la Guardia Civil y la Policía Nacional detuvo a cinco personas e impuso 907 sanciones administrativas en la Región de Murcia por incumplir normas de confinamiento y por desplazamientos prohibidos. “Sólo en zonas de costa, se han realizado 450 dispositivos operativos en vía pública” señaló el delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez. La Jefatura Superior de la Policía Nacional en Murcia anunció el pasado martes el aumento de controles en las diferentes salidas de la ciudad y en puntos estratégicos, con el objetivo de controlar los desplazamientos innecesarios, especialmente a segundas residencias.
Incluso los cajeros de los supermercados alertan de que está llegando mucha gente que no es residente. “Ellos también los reconocen, claro, trabajan todo el año”, señala Gimena. La actividad turística de la zona se centra sobre todo en el verano, por lo que los establecimientos de alimentación no estaban preparados para la llegada masiva de personas antes de la temporada alta.
Con respecto al impacto turístico y económico, tiene claro que va a “ser complicado” para la zona. “La temporada aquí realmente empieza en Semana Santa” y según los pronósticos del Gobierno, podría alargarse hasta finales de mayo. “Vamos a tener un verano muy corto”.
Elena, nacida y criada en La Manga, está pasando la cuarentena con sus padres, su hermano y su pareja. Hace dos semanas decidió volver de Malta para buscar trabajo en la Región, y la pandemia la pilló por sorpresa. Sus padres están los dos en el sector servicios y están “muy preocupados” por el verano que les espera en medio de la cuarentena. “Doy clases de vela, y toda la actividad de ocio también está parada”. También tiene familiares que trabajan en hoteles y restaurantes, y todos han suspendido su actividad.
La joven comprende que la gente quiera pasar el confinamiento en sus casas de verano pero no comparte la decisión ya que puede contribuir a más contagios, y ella vive con tres personas en situación de alto riesgo . “Es normal que tengan miedo, sobre todo cuando vienen de zonas donde hay muchos más afectados y no sabes si podrán atenderte a ti o a tu familia” La joven asegura que los residentes de La Manga viven con un doble miedo: “Nos da pánico que se levante el confinamiento y que se desplacen turistas aquí; pero necesitamos que vengan porque los necesitamos para sobrevivir”.
Jesús Jiménez, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HOSTEMUR) ve “totalmente imposible” hacer una previsión del futuro del sector turístico en los siguientes meses. “No sabemos cuándo se va a acabar el estado de alarma, y cuando lo haga la apertura será paulatina”. En el sector de la hostelería a nivel nacional tienen claro que la temporada “está perdida”. Aun con el fin del confinamiento, Jiménez sostiene que los turistas no tendrán confianza suficiente para viajar: “Dudo que las autoridades sanitarias permitan viajes con total libertad”.
El presidente de HOSTEMUR señala que las condiciones del ERTE pueden llevar a la “quiebra” a gran parte del sector de la hostelería y el turismo. “No vamos a ser capaces de recuperar el 100% del trabajo cuando se acabe el estado de alarma; y la temporada, si es que no está perdida, no durará seis meses”. Ambas son condiciones que exige el Estado para que las empresas pudieran acogerse a los ERTE. En caso de no cumplirlas, deben devolver las cotizaciones sociales y los salarios de los trabajadores.
“Si a la Covid-19 le unimos el Mar Menor, los municipios costeros tienen un problema muy grave de turismo” lamenta Jiménez. El turismo, en la Región de Murcia, representa el 12% del Producto Interior Bruto (PIB). “Tendremos un problema muy grave de empleo”.
Mientras la Covid-19 paraliza el tráfico y actividades industriales no esenciales, mejorando la calidad del aire, en el Campo de Cartagena podría estar estimulando aún más una de las mayores amenazas del Mar Menor: la agricultura intensiva. Bajo esta actividad es común el uso de fertilizantes nitrogenados que acaban en las aguas del Mar Menor. Aportan un exceso de nutrientes que desencadenan una serie de fenómenos que culminan en la disminución de oxígeno en el agua y como consecuencia final, la desaparición de la vida marina.
A la incertidumbre en el sector del turismo se suma el estado agónico del Mar Menor. La inacción durante décadas de agresión ambiental, sumado al paso de una gota fría por la Región de Murcia, produjo en octubre de 2019 a la muerte masiva de miles de peces, dañando una de las joyas de la oferta turística natural del entorno. Ello obligó a aprobar un decreto de protección integral del Mar Menor, que consiguió sacar adelante el Gobierno murciano de PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox.
Por su parte, las asociaciones ecologistas murcianas temen que el estado de alarma y la cuarentena pueda empeorar la situación del Mar Menor. “Ahora hay menos ojos vigilando el Campo de Cartagena. Si de forma natural se estaban haciendo malas prácticas, en estos momentos puede que se estén llevando a cabo muchas más”, lamenta Pedro Luengo, miembro de Ecologistas en Acción.
El consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Murcia, Antonio Luengo, advirtió a principios de esta semana que la condición de la albufera había empeorado a consecuencia de una nueva gota fría a finales de marzo, acompañado de lluvias durante las últimas semanas.
“Ahora mismo hay una demanda importante de alimentación. Esto puede provocar que en algunos cultivos se intensifique la producción y aumente la contaminación que entra en el Mar Menor”, advierte Pedro.
Las últimas evaluaciones sobre el estado del Mar Menor por parte de la Administración regional tuvieron lugar el 1 de abril. De acuerdo con Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), los datos “presagian lo peor”: “La mayor parte de los parámetros asociados a problemas de contaminación por acumulación de residuos orgánicos en el Mar Menor en comparación con los últimos años son malos”, indica.
Hace unos días, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) solicitó la autorización del Gobierno regional para bombear las aguas que bajan por la rambla del Albujón en dirección al Mar Menor, y que arroja casi mil litros de agua dulce y nutrientes, perjudiciales para el equilibrio de su delicado ecosistema. El permiso se concedió tras varios desencuentros entre ambas entidades públicas, que no conseguían aclarar sobre cuál de las dos recaía la responsabilidad de poner en marcha el bombeo.
De acuerdo con Ecologistas en Acción, a la alta contaminación podría sumarse la falta de soluciones: “Lo poco que quiere hacer el Gobierno Regional por el Mar Menor son iniciativas de financiación pública. En un momento en el que vamos a tener una dedicación del presupuesto más dirigida a paliar la crisis sanitaria, tememos que la poca inversión que se iba a hacer se vea reducida o no se produzca”.
El director de ANSE comparte las mismas inquietudes: “El coronavirus puede mermar la capacidad de inversión del Gobierno del Estado en la búsqueda de soluciones para el Mar Menor”, lamenta. La falta de medidas no es la única preocupación de los ecologistas. Luengo cree que “al haber menos ojos a pie de orilla en el Mar Menor su estado sea menos evidente este año”. Sin embargo, recuerda que ahora la gente está más concienciada. “Este problema ya no se puede esconder como se trató de hacer anteriormente. La gente sabe que la sopa verde no es la enfermedad, es un síntoma de que el ecosistema está en una situación crítica”.
La directora general del Mar Menor, Miriam Pérez, explica que si bien se va a replantear la estructura de los presupuestos para este año con el fin de “reforzar las inversiones” en áreas más afectadas por el coronavirus, el Mar Menor también es una “prioridad”: “No está previsto que sufra modificación alguna la partida ya establecida”.
Los presupuestos que se presentaron, y que están a la espera de ser aprobados, incluían una partida total de cerca de 56 millones de euros (entre las inversiones de todas las consejerías) para la recuperación del Mar Menor, y que busca “impulsar medidas de protección y recuperación del ecosistema” de la albufera, según indica la Consejería de Medio Ambiente. Además, ocho medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno de Murcia para salvaguardar la albufera, están actualmente en “tramitación o proceso de ejecución”.
Propuestas para contrarrestar el impacto negativo en La Manga
Tanto el Ayuntamiento de Cartagena como el de San Javier gobiernan sobre una parte de La Manga respectivamente. Ambos consistorios se han comprometido a incluir políticas de acción económica y social para contribuir a paliar el impacto del coronavirus en sus territorios, por lo que sobre la zona repercutirán iniciativas de distinto enfoque político.
San Javier, gobernado por el alcalde popular José Miguel Luengo, es consciente del estado de alarma supondrá un “duro golpe” para el sector turístico de La Manga. Desde su municipio crearán una partida presupuestaria con un fondo de contingencia y renunciarán a varios eventos culturales, como el Festival Internacional de Jazz.
Además, suspenderán la tasa de basura, que supone una media de 2 millones de euros “que permanecerán en los bolsillos de las familias”, junto con la creación de de bonificaciones fiscales para el sector turístico.
Ana Belén Castejón, alcaldesa independiente que gobierna en coalición con PP y Ciudadanos, se ha comprometido a invertir más de 17 millones de euros para “dinamizar la economía”. Por otra parte, han ampliado el Fondo de Contingencia, con un presupuesto de de 343.000 euros a 1.138.000 euros, destinado a ayudas sociales y económicas.
La alcaldesa del municipio Ana Belén Castejón, señala a este medio buscan “recuperar el sector económico, con subvenciones y actuaciones destinadas a apoyar a los autónomos, pymes y comerciantes”.
Por su parte, la Consejería de Turismo está actualmente trabajando en el sector para atraer al mayor número visitantes una vez que se puedan abrir nuevamente los alojamientos turísticos.
Fuente: eldiario.es
