Son casos de familias con aviso de deshucio inminente en San Pedro del Pinatar, que se suman a los 30 previstos en San Javier y los 62 de Torre Pacheco. El pasado martes se reunieron en la puerta del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para pedir ayuda a la alcaldesa, Visitación Martínez. Un apoyo que permitiera paralizar o al menos posponer el desalojo de las familias, sobre todo las que tienen a su cargo hijos menores.

«Es una emergencia social», afirma la portavoz de la Plataforma, Charo Tárraga. «No nos vale aplazar un desahucio un mes, porque no resuelve nada. Hay familias sin luz ni agua en San Pedro, aseándose como pueden», reclama la portavoz. Destaca la nueva oleada de desalojos en la comarca del Mar Menor debido a que «los bancos han hecho una nueva ofensiva para echar a las familias de las viviendas donde tenían acordados alquileres sociales, con el fin de realquilarlas a un precio mayor de mercado». Tárraga asegura que «hay fondos buitre que les están ofreciendo dinero a familias de Torre Pacheco para que se vayan, entre 2.500 y 3.000 euros. Algunos lo cogen por miedo y otros no, porque comprenden que eso solo les asegura un alquiler por un tiempo».

Mesa negociadora
La Plataforma propone a los ayuntamientos del Mar Menor «que abran una mesa negociadora con los fondos y sociedades financieras para llegar a convenios de alquiler temporal de sus viviendas vacías con mensualidades máximas de 200 euros». La alcaldesa de San Pedro afirma que «esperamos que el Juzgado aplace el desahucio de la próxima semana, pero estamos buscando un piso de alquiler como alternativa, aunque en verano aumenta la dificultad». Martínez anuncia que «nos sentaremos con las entidades bancarias para que nos informen de cuántas viviendas tienen y llegar a un acuerdo temporal de alquileres sociales, a los que se puede sumar la ayuda que aporta Servicios Sociales tanto con la fianza como con los primeros meses o los recibos de luz y agua».

Los 62 casos de Torre Pacheco son diferentes. La mayoría de las viviendas fueron alquiladas a los afectados por unas promotoras inmobiliarias que se arruinaron con la crisis y perdieron los edificios a manos de los bancos. Ubicadas en Roldán, Los Olmos y Santa Rosalía, cuentan con notificación de juicio o incluso con fecha de lanzamiento.