Nota de prensa sobre la ausencia o falta de aplicación de legislación en el Mar Menor
En la última reunión de la plataforma Pacto por el Mar Menor Eduardo Salazar, abogado ambientalista e integrante del grupo de coordinación de esta plataforma, analiza la situación legislativa de la laguna en la actualidad, refiriéndose a aquellas normas específicas que afectan al Mar Menor, sin perjuicio de que cualquier legislación y planificación sectorial en materia de urbanismo, agua, nitratos, pesca, minería, etc., debe coadyuvar a una mejora de la situación de la cuenca del Mar Menor.
1. Entre la legislación específica relativa a la laguna, destaca, por el proceso legislativo que la produjo y por haberse llegado a cumplir un año desde su entrada en vigor, la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Mar Menor. Una Ley que sólo se ocupa de establecer de manera urgente medidas que disminuyan los impactos ambientales producidos desde la agricultura circundante y en menor medida de las aguas pluviales. Los sectores afectados han expresado su rechazo e insumisión a la Ley y el propio poder ejecutivo encargado de aplicarla ha empleado más tiempo en sacar defectos a la norma que a controlar su efectivo cumplimiento en materia de setos, surcos y uso de fertilizantes menos dañinos.
2. En el tintero o en un limbo entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno autonómico ha quedado la Ley Integral del Mar Menor, que se suponía establecería un marco de convivencia sostenible de todos los sectores implicados en el desarrollo socioeconómico de la laguna y responsables de su eventual degradación, viniendo a suplir a la desaparecida Ley de Armonización de Usos del Mar Menor de 1987, para intentar lo que ésta no pudo: conciliar todos los intereses.
3. Más preocupante es el injustificable retraso en la aprobación del Plan de Gestión Integral (PGI) de los espacios naturales protegidos (incluyendo la Red Natura 2000) situados en la laguna del Mar Menor. Este retraso supone una desactivación de las medidas de no deterioro que la Unión Europea exige y un retraso en la planificación y gestión de los espacios naturales asociados al Mar Menor, para regular los usos y actividades que se desarrollan en los mismos. Después de dos exposiciones públicas del PGI, el ejecutivo regional, la Consejería con competencias en medio ambiente, sigue retrasando esta aprobación desafiando los plazos otorgados por la Unión Europea y ampliamente superados, e impidiendo la protección efectiva de la laguna.
4. También resulta frustrante observar como la Estrategia de Gestión Integrada del Mar Menor, anunciada a bombo y platillo como requisito para obtener financiación europea (ITI), redactada conforme a talleres con el público y supuestamente sometida a evaluación de impacto ambiental, ha sido enterrada y ocultada a los ojos de la ciudadanía por parte del Ejecutivo regional.
En resumen, contamos con una Ley de Medidas Urgentes cuyo cumplimiento cabal y efectivo es necesario exigir y hemos de presionar para que el Plan de Gestión Integral sea finalmente aprobado, todo ello sin que el producto de la participación del público en la Estrategia de Gestión Integrada y la idea de una Ley Integral para el Mar Menor caigan en el olvido.
Fuente: Pacto por Mar Menor
