Demanda de los trabajadores y la incertidumbre ante la próxima concesión

El puerto deportivo no tiene en el horizonte un verano apacible con el conflicto a tres bandas abierto entre el concesionario Puerto Menor -la empresa de Tomás Maestre-, la Junta Directiva y la Asociación de Titulares de Derechos de Amarres y Zonas de Servicio del Puerto (Asopuerto). La tormenta cae sobre el suelo mojado de la reclamación económica que envió Tomás Maestre hace un año a los titulares de amarres por «la actualización del contrato» desde julio de 2018 a abril de 2023, basada en el cambio legislativo que supuso la Ley de Costas de 1989, que restringió el plazo de la concesión a 30 años a pesar de que en 1974 había obtenido derechos de explotación por 50 años. Una nueva reforma legal le repuso las cinco décadas al completo, con lo que Puerto Menor recuperaba esos cinco años, cuya estancia y disfrute del amarre le reclama a los titulares que adquirieron el punto de atraque después de 1989, cuando estaba en vigor la ley más restrictiva.

Los titulares unidos en Asopuerto se opusieron a las aspiraciones de Puerto Menor por considerarlas «insólitas e infundadas». La concesionaria reclamaba a los dueños cantidades diferentes, entre 1.700 y 21.000 euros, dependiendo de las dimensiones del barco. Maestre les garantizaba un descuento del 66% de la cantidad abonada de cara a la compra del amarre en 2023, cuando se renovara la concesión, pero la mayoría se opuso.

Según el propio Maestre, de los 600 titulares requeridos, solo pagaron 40, y el heredero de una de las sagas más influyentes de la Región anunció que demandaría al resto, aunque finalmente presentó solo dos reclamaciones judiciales, una de ellas al presidente de Asopuerto, Antonio Soriano. El primer demandado da por ganado su pulso judicial con Maestre «porque tiene vencida la concesión de la zona norte del puerto, donde tengo el atraque y, si el titular es la Comunidad, todos estamos en precario» y Maestre no podría obligarle a dejar el amarre, como le pide judicialmente.

«Contamos con el apoyo de la mayoría de los socios», sostiene Enrique Rey «Hay malestar entre los empleados porque se han ignorado derechos que teníamos», critica UGT

Las primeras demandas

El juicio estaba fijado para el miercoles pero Maestre aseguró que el segundo demandado ha pedido la acumulación de ambos procesos, «por lo que seguramente nos iremos al otoño». «Son estrategias de defensa», explica Maestre su paso atrás en la pretensión de reclamar judicialmente a los titulares el importe de los cinco años, a los que no renuncia. Si el juez no le da la razón, está dispuesto a devolver las cuantías pagadas por los 40 dueños de amarres, pero si gana la demanda, se situará en una posición de fuerza «cuando los que no hayan pagado lleguen al 2023 y vean que no tienen derecho preferente de adquisición de su amarre».

Maestre defiende su candidatura para renovar la concesión de la Comunidad para gestionar y explotar el puerto por otros 25 o más años «porque es bueno para todos», afirma. «Si no, saldrá a concurso público en 2023 con unas nuevas condiciones económicas de la Comunidad, y podrán presentarse a la puja grandes constructoras o fondos de capital, que encarecerán el precio de los amarres y de los servicios», alerta el abogado. Maestre advierte de que «con la adjudicación del puerto al mejor postor, los 31 trabajadores estarán en la calle porque decidirá gestionar a su manera».

Tercera y cuarta demandas

Puerto Menor ha presentado además una demanda contra la Junta Directiva, para que el juez la obligue a reconocer la reciente asamblea en la que eligieron a una nueva presidenta, María Carmen Campoy, tras las diferencias con Asopuerto. Esta asociación, que hace un año le arrebató a Maestre el control del puerto, se ha desmarcado de la Junta tras la dimisión de cinco de sus miembros. «Se convocó la asamblea con el 18% de las firmas de socios, pero no asistieron. Solo quedan cuatro de un órgano de nueve; toman decisiones al margen de la ley y han restado derechos a los trabajadores», señala el presidente de Asopuerto, Antonio Soriano. Tanto Maestre como Asopuerto respaldan la nueva Junta, «realizada ante notario», según señala el abogado Rafael Siljestrom.

El letrado asegura que también ha sido demandado por la Junta. Puerto Menor la culpa de que los socios hayan perdido el acceso libre al Club Náutico y su piscina, vestuarios y gimnasio «por romper unilateralmente los acuerdos con los otros operadores en el puerto». Le atribuye una demencial« estrategia que ya se ha traducido para todos los asociados en una imparable y muy tangible disminución del valor residual» de los atraques y locales comerciales, y pide la creación de una gestora.

Por el contrario, el presidente de la Junta elegida hace un año, Enrique Rey, cree que la asamblea fue «espuria, falsa e ilegal», y alega que «contamos con el apoyo de la mayoría de los socios». El primer revuelo lo levantaron al reclamar a Maestre el pago de la luz y el agua de la gasolinera del puerto, que aseguran que «se pagaba con el presupuesto del puerto».

Quinto escrito judicial

Los trabajadores del puerto han engrosado con una más el número de demandas judiciales contra la Junta. «Hay un gran malestar entre los empleados porque se han ignorado derechos que teníamos», explica el representante de UGT, Juan Antonio Martínez Pastor. Enumera «la negativa a reconocernos los cuatrienios nuevos, a pagar la nocturnidad, los festivos y las horas extra. Todos hemos perdidos ingresos», se queja el portavoz de UGT. Según la Junta, «negociamos el primer convenio que recoja sus derechos, y les hemos ofrecido formación a los 32 trabajadores». Alega que «no se puede por ley hacer más de 80 horas extra» y explica que «algunos tenían unos privilegios que dejaban a la entidad fuera de la ley». La Junta sostiene que, con salarios que van de los 27.000 euros a los 86.000 euros, «no están mal pagados».

Rey destaca que «el puerto está más limpio y ordenado» y defiende que «ha aumentado la señal wifi, hemos solicitado puntos de carga eléctrica de vehículos y desfibriladores cardiacos». El presidente destaca que «nos encontramos con 800.000 euros de morosidad acumulada y hemos pedido informes sobre las empresas que no contribuyen». Denuncia que «como represalia, Tomás Maestre prohibió realizar las actividades previstas en el Marina Day del pasado sábado y ha cerrado los aseos de una zona que afecta a más de 400 familias». Cree que intenta estrangular toda acción de la Junta para recuperar el control del puerto.

Fuente :La Verdad