¿Quien tiene las competencias de proteger el Mar menor, la laguna salada de Murcia?

El debate sobre las competencias en la protección del Mar Menor: ¿a quién corresponde actuar?. Gobierno central y regional discuten sobre si tienen o no competencias para proteger el Mar Menor del desastre medioambiental que azota la zona en este mes de agosto. Sin embargo, ambos tienen responsabilidades, al margen del debate competencial.

Este mes de agosto de nuevo las playas del Mar Menor (Murcia) volvieron a llenarse de peces muertos por falta de oxígeno, algo que ya ocurrió en 2019 y que viene de años atrás. “Este año ya se han retirado unas cinco toneladas de peces y crustáceos lo que supone casi dos toneladas más que en 2019”, explica Julio Barea, doctor en Geología por la Universidad Complutense de Madrid y responsable de campañas de Consumo y Biodiversidad en Greenpeace.

Precisamente este miércoles 25 de agosto la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha viajado al Mar Menor. Desde allí ha dicho que «estarán vigilantes para que se cumpla la ley y dialogantes no solo con las instituciones, sino con la sociedad civil para solventar esta situación». Además, ha celebrado el anuncio del gobierno regional que impondrá límites al uso de fertilizantes nitrogenados en una franja de 1.500 metros y acortará el plazo de los procedimientos sancionadores a los regadíos ilegales que alcanzan más de ocho mil hectáreas.

Ya hemos explicado cuáles son las causas de la catástrofe medioambiental que vive actualmente el Mar Menor, pero el debate político se ha centrado en quién debe proteger esta laguna salada. ¿Qué competencias son del Gobierno central y cuáles de la comunidad autónoma de la Región de Murcia? Preguntamos a los expertos.

¿Qué dice el Gobierno central y el Ministerio de Transición Ecológica sobre las competencias de Mar Menor?

Durante estos días hemos asistido a un rifirrafe de declaraciones entre el Gobierno de la Región de Murcia, el Gobierno central y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según el Gobierno central, el problema del Mar Menor no es consecuencia «de un conflicto de competencias» entre administraciones, sino que responde a «una dejación de competencias» del Gobierno de Murcia, de «años de inacción y de permisibilidad con acciones lesivas con el medio ambiente» de ese espacio natural. Así lo explicaba la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 24 de agosto.

Apenas unos días antes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, apuntaba en una entrevista en RNE que la maniobra que intenta el presidente regional, Fernando López Miras, de abrir el Mar Menor al Mediterráneo se trata de «un disparate y una cortina de humo».

Ribera asegura “que la entrada de agua dulce y cargada con nutrientes y nitratos procedente de la actividad agrícola es la raíz del problema”, y que el Gobierno de Murcia “tiene competencias de sobra para controlarlo y para velar porque se deje de envenenar el Mar Menor” y no «diluirlo» en el Mediterráneo. También aseguró que “son pocas las empresas que están detrás del problema del Mar Menor”, las cuales están identificadas por la Fiscalía y el Seprona. Por eso reclama al Gobierno de López Miras que «se ponga a hacer caso a lo que le recomiendan, no solamente las organizaciones científicas, sino el sentido común y la propia justicia».

¿Qué dice el Gobierno de la Región de Murcia?

El Gobierno murciano dice que el Gobierno central tiene la competencia para reducir el acuífero, controlar ramblas, retirar fangos y recuperar playas, y la gestión y actuaciones necesarias para la mejora de la calidad del agua superficial y subterránea sin mencionar el problema de la agricultura que es competencia suya. De hecho, López Miras ha pedido al Gobierno central la transferencia de las competencias de costas y de la cuenca vertiente del Mar Menor para poder actuar en el acuífero y las ramblas de forma urgente.

El presidente murciano explicaba este 24 de agosto en una entrevista en Espejo Público «que el principal problema es que hay un acuífero cargado con 300.000 toneladas de nitratos que está llegando a través del subsuelo y a través de las ramblas al Mar Menor y lo primero que hay que hacer es descargarlo y rebajar su nivel freático». «Mientras que no se haga esto, a través del subsuelo y a través de las ramblas seguirán llegando cada día miles y miles de nitratos y para eso necesitamos al Gobierno central.

Sin embargo, al ser preguntado por cómo han acabado esos nitratos perjudiciales ahí y de dónde salen, reconocía que «esas 300.000 toneladas de nitratos del acuífero vienen de la actividad (agrícola) de las últimas décadas«, algo en lo que sí tiene competencias la región.

Según López Miras, «si cesara toda la actividad económica, no solo la agrícola, en el entorno del Mar Menor durante los próximos 50 años los científicos creen que seguirían llegando vertidos con nitratos». Por eso ven “urgente y prioritario vaciar ese acuífero y rebajar el nivel freático para que no llegue esa agua cargada con nitratos».

Estado y comunidad autónoma son responsables de la tragedia del Mar Menor

“La situación del Mar Menor es agonizante y si no se ponen todos los responsables políticos a trabajar inmediatamente podría ser irreversible”, critica Julio Barea, de Greenpeace. “El problema es que no hablamos de una contaminación puntual que se pueda cortar sino que lleva décadas acumulándose y, por eso, la solución llevará su tiempo”, añade.

Lo mismo piensa Ángel Pérez Ruzafa, portavoz del Comité Científico del Mar Menor. “Tanto el Ministerio como la confederación hidrográfica, como las autoridades de costas, como las comunidades autónomas y los municipios deberían sentarse a la mesa y repartirse las competencias y trabajar todos de la mano porque parece que se juega más a la política que a la gestión ambiental”, afirma.

Para Barea, “todo esto es consecuencia de la agricultura intensiva e industrial, del regadío brutal que está habiendo en la zona, que ha crecido muchísimo en los últimos años”, algo que explican en profundidad en el último informe de Greenpeace. “Todos los años llegan más de mil toneladas de nitratos y de fosfatos más de 400 toneladas al Mar Menor arrastradas sobre todo por los retornos del regadío” explica.

Llegan por las ramblas, como es el caso de la rambla del Albujón. Sin embargo, este experto explica que una rambla es un cauce seco que solo lleva agua en episodios concretos de tormentas, aunque esta lleva agua todo el año prácticamente porque se está regando el campo demasiado. Esto hace que el nivel freático suba mucho y arrastre estos nitratos y fosfatos al Mar Menor haciendo que desaparezca el oxígeno de la laguna.

“Responsabilidad sobre la tragedia medioambiental que vive el Mar Menor tienen tanto el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (a través de la Confederación Hidrográfica del Segura que gestiona el agua) como la comunidad autónoma de la Región de Murcia que es quien gestiona la política agrícola del territorio”, apunta Barea. “Ninguno de los dos han puesto los límites necesarios en sus respectivas competencias desde hace décadas. En mi opinión habría que reducir el regadío en el entorno de la laguna de forma significativa e inmediata”, añade.

Para Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, “en la crisis eutrófica del Mar Menor ha habido dejación de funciones por parte de las tres administraciones (Estado, comunidad autónoma y ayuntamientos)”. “Sin embargo, en lo que tiene que ver con el proceso que ha causado el colapso ecológico de la laguna del Mar Menor, que es la entrada de nutrientes de origen agrícola, el grueso de las competencias serían de la comunidad autónoma salvo las competencias en gestión de las aguas que serían de la Confederación Hidrográfica del Segura (responsabilidad del Gobierno central)”, añade.

¿Qué competencias son exclusivas de la Región de Murcia?

El reparto de competencias de políticas públicas entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos se explica en la Constitución Española (art. 148 y 149) en términos generales que luego se concretan en los estatutos de autonomía. “A partir de ahí y con esas competencias, las comunidades dictan sus leyes y en caso de duda es el Tribunal Constitucional el que resuelve si esa ley se ha dictado en el marco de ese reparto competencial o si se ha excedido”, indica Santiago Álvarez, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia.

¿Qué competencias exclusivas tiene la Región de Murcia según su estatuto de autonomía?

Entre otras, en ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda (artículo 10.2) y la agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias (10.6).

También los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés para la Comunidad Autónoma, cuando el cauce integral de las aguas se halle dentro de su territorio. Aguas minerales y termales (10.7) y la ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, aguas superficiales y subterráneas cuando discurran o se hallen íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma (10.8).

Además, es responsable de la pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura y alguicultura, así como del desarrollo de cualquier otra forma de cultivo industrial y de la protección de los ecosistemas en los que se desarrollan dichas actividades (10.9) y le corresponde también a la comunidad autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en todo lo que tenga que ver con la protección del medio ambiente (según el artículo 11.3).

Por otra parte, “los vertidos de tierra a mar, es decir todas aquellas sustancias que se viertan y que sean contaminantes, son competencia de las comunidades autónomas”, explica Álvarez. “Y no olvidemos que los ayuntamientos ribereños del Mar Menor (San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Cartagena) también tienen parte de responsabilidad en la parte de urbanismo por ejemplo”, añade. Saneamiento, alcantarillado, salubridad en playas y ordenación del territorio y urbanismo son competencias municipales.

¿Qué pasa con la actual Ley de protección del Mar Menor?

Julia Martínez recuerda que en el año 2018 se aprobó una ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, que sí tenían una serie de artículos que eran más exigentes para obligar a la actividad agraria a ser más compatible con el Mar Menor. “Obligaba a que el 5% de cada parcela agraria se dedicara a vegetación natural para que actuara como trampa de nutrientes en origen y tenía otras medidas útiles en este sentido”, asegura.

Pero más tarde fue derogada y la actual es la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor que se aprobó con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos y que “es una versión mucho más descafeinada en la que desaparece esa obligación de dedicar ese 5% de cada parcela agraria a vegetación natural y a setos verdes para retener nutrientes y donde se eliminó la prohibición de utilizar los fertilizantes químicos más contaminantes”, indica Martínez que destaca que “así no se va hacia una mayor protección de la laguna”.

¿Por qué reclama la Región de Murcia más competencias sobre el Mar Menor ahora?

El Gobierno murciano ha reclamado las competencias de costas y la cuenca vertiente al Mar Menor para según ellos actuar «ante la inacción del Gobierno central». ¿Por qué?

La cuenca vertiente del Mar Menor la constituyen todas las aguas que circulan tanto superficiales como subterráneas que van a desembocar a él. Álvarez explica que “se incluyó dentro de la cuenca del Segura la cuenca vertiente al Mar Menor cuando desde el punto de vista técnico hidrogeológico no pertenece a la cuenca del Segura. Y al ser esta una cuenca intercomunitaria, porque el río Segura pasa por varias autonomías, su gestión es competencia estatal”.

“Sin embargo, la cuenca vertiente del Mar Menor en realidad es una cuenca interna de la comunidad autónoma de la región de Murcia, no es una cuenca hidrológicamente conectada con el río Segura. Eso es una realidad física medible que si se reconociese traería consecuencias jurídicas porque al no estar conectada naturalmente con la cuenca del Segura es competencia de la comunidad autónoma su gestión tal y como pone en el estatuto de autonomía”, detalla este experto.

Álvarez apunta que “la Región de Murcia nunca ha querido asumir su competencia sobre la gestión de la cuenca vertiente al Mar Menor y por eso no ha promovido una reforma del estatuto de autonomía o reformar la ley de aguas ni ha presentado proyectos de decreto de asunción de competencias sobre la misma”.

¿Sería una buena opción darles las competencias que piden ahora? Álvarez cree que sí, pero es algo que “no se hace de un día para otro, debe reformarse el estatuto de autonomía y que la comunidad autónoma dicte una ley de aguas”.

¿Qué competencias tiene el Gobierno central sobre la protección del Mar Menor?

“Aquí todos tienen su parte de responsabilidad. porque la protección y conservación de los acuíferos es competencia de la confederación hidrográfica, en este caso la del Segura, por lo que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Administración del Estado, según la Ley de Aguas”, indica Álvarez. “En este punto, la Administración del Estado no ha ejercido las competencias o no ha sido todo lo diligente que debería haber sido para la protección de los vertidos a través de las ramblas y de la protección de los acuíferos en el Campo de Cartagena”, añade.

La competencia de Costas pertenece a la Demarcación de Costas del Estado y por tanto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la competencia en el control del acuífero y las ramblas pertenece a la Confederación Hidrográfica del Segura (del mismo Ministerio), dado que son áreas de dominio público hidráulico, explican a Newtral.es desde la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia.

Por otra parte, Álvarez explica que “las confederaciones hidrográficas son unas administraciones muy peculiares de tipo corporativo, representativa de intereses en la que la presencia de los regantes es mayoritaria y son ellos los que determinan las estrategias de gestión. Es decir que los mismos que están contaminando el Mar Menor son los que dominan el órgano que teóricamente debería controlar los vertidos al mismo”.

“Estamos ante la impotencia del derecho frente a la realidad económica porque las normas son papel que no se cumple en la realidad y solamente se utilizan para eludir responsabilidades en vez de para ejercerlas”, añade este experto.

Álvarez: “El debate por las competencias sobre el Mar Menor es vergonzoso y ficticio”

“Este debate político al que estamos asistiendo sobre las competencias es vergonzoso y ficticio”, opina Álvarez. “Si había alguna duda de las competencias que tiene la Región de Murcia sobre la protección de Mar Menor, el Tribunal Constitucional aclaró el tema con la sentencia que resolvía el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP contra la Ley de la Comunidad Autónoma de Murcia 3/1987, de 23 de abril, de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor que fue la primera ley que trató un poco de racionalizar el desarrollo urbanístico, turístico, agrícola que se estaba produciendo en esa zona”.

“Esta sentencia confirmó la constitucionalidad de dicha ley en el sentido de confirmar la plena competencia de la comunidad autónoma para llevar a cabo políticas de protección y conservación del Mar Menor. Por lo que la comunidad autónoma tiene todas las competencias necesarias para articular una serie de políticas públicas para arreglar el problema actual”, incide.

España incumple tratados internacionales al no proteger el Mar Menor

Todas estas cuestiones no se limitan a un puro interés de la comunidad autónoma de la Región de Murcia o de España sino que ponen en juego el respeto por parte de nuestro país de sus compromisos como miembro de la Unión Europea e internacionales en los tratados de los que forma parte como el Convenio de Barcelona para la protección del mar Mediterráneo y el Convenio de Ramsar de protección de humedales. A nivel europeo estaría la directiva marco del agua del año 2000 y la directiva de la protección de la biodiversidad de 1992.”España está incumpliendo directivas comunitarias y tratados internacionales que la obligaban a la protección y a la conservación del Mar Menor”, destaca Álvarez.

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Fuente: newtral.es