El Gobierno de López Miras es un maestro para vendernos nuevas ocurrencias y eufemismos como quien vende humo. Una parte de la oposición se haya plegado a un texto legal hecho al dictado de quienes son los responsables materiales del atentado a la laguna y que no resuelve los graves problemas de contaminación de nuestra laguna. En el artículo 29 de la ley se establece una franja de 1.500 metros, en teoría una distancia preventiva en la ribera de la laguna, para una agricultura sostenible de precisión, término de nueva invención, con el que se seguirán usando fertilizantes industriales, hasta 170 kilogramos de nitrógeno por hectárea y año. Se trata de un intento de desviar la atención y maquillar el hecho de que van a permanecer la mayoría de los regadíos intensivos industriales actuales. Con este tramposo término de nueva invención, se pretende modificar la percepción la sociedad civil, de las instituciones judiciales e incluso de la UE, mientras realmente se potencia y mantiene la agroindustria del regadío, que nada tiene que ver con la sostenibilidad en la agricultura. No hay ningún respaldo legal a este nuevo tipo inventado de agricultura
No hay ninguna medida de sostenibilidad encaminada al control de los nutrientes hacia el acuífero o hacia el Mar Menor, ni mecanismos de reducción eficaz de escorrentías y establecimiento de barreras para sedimentos y nutrientes. Se quedan muy cortas las reformas propuestas para los puntos clave, como una franja libre de fertilizantes, la reducción significativa del aporte de abono o la regulación del uso de fitosanitarios en toda la cuenca vertiente. Un franja de protección es un espacio-barrera que retiene escorrentías, sedimentos, nutrientes y contaminantes, en general, para que no lleguen al Mar Menor. Para ello, debe ser renaturalizada y descartar toda actividad que genere nuevos aportes de nutrientes, como la ganadería intensiva y el regadío industrial, sin olvidar cambios en las zonas urbanizadas, con la recuperación de cauces y otras superficies públicas.
En la ley se plasma una intención de desarrollar el cambio de modelo agrícola en todo el Campo de Cartagena. Esta definición de intenciones se enfrenta a la oposición directa de la agroindustria del Campo de Cartagena y todo el gremio exportador y se configura como un nuevo brindis al sol con más literatura que acciones concretas. El proceso de elaboración de la ley no ha tenido un carácter democrático y participativo. Se debiera haber consultado a todos los agentes sociales y ambientales, estableciendo un proceso de exposición e información pública.
Esta normativa pasa de puntillas sobre el problema de los puertos, el urbanismo desaforado, la industria, los impactos de la minería y las infraestructuras; por lo que, en la práctica se mantendrá la situación actual sin ningún cambio sustancial. No hay compromiso de reducción de puertos y embarcaciones en el Mar Menor. Es más, también la Asamblea Regional ha aprobado un texto legislativo que elimina trámites para autorizar construcciones portuarias sin concurso. Habrá que esperar también a 2023 para que se comience a elaborar un Plan de Ordenación Territorial de la zona.
El Instituto Español de Oceanografia (IEO) señalaba que la recuperación del Mar Menor será un proceso largo y complejo ya que, aunque se eliminen todas las entradas de nutrientes, su liberación desde los fondos y aguas subterráneas continuará aún durante décadas. Por eso, la eficiencia de las actuaciones se podrá medir mediante el estado real de los hábitats, comunidades y especies de la laguna del Mar Menor. Una de las tareas pendientes es un aumento significativo de la superficie protegida y restaurada, frente a la agroindustria intensiva y las superficies urbanizables. Necesitamos además un nueva alianza, lo más trasversal y horizontal posible, de los agentes sociales y la sociedad civil para evitar dar pasos atrás en la regeneración del Mar Menor.
Fuente: eldiario.es
