El juez, Angel Garrote rechaza así la petición de Cachá de que se archivara la causa, que se inició tras una denuncia presentada por la Fiscalía y Ecologistas en Acción.
Según la exposición de motivos, los acusados sabían que la finalidad de la tubería que partía de la rambla del Albujón era trasladar el agua hasta la comunidad de regantes Arco Sur para su desalación cuando el órgano competente para emitir la valoración ambiental aún no se había pronunciado. Aún así emitieron un informe favorable lo que obligó a la dirección general de Evaluación Ambiental a hacer constar que sería necesaria la consulta al ministerio de Medio Ambiente porque la obra afectaba a un espacio natural protegido.
El juez dice que quizá optaron por esa solución acuciados por la crisis ambiental del Mar Menor,o por la necesidad de agua de los regantes, pero, añade el magistrado, los investigados sabían que la orden era ilegal.
Además, señala que la tubería fue una obra claramente inútil que ha costado al erario publico 1.760.000 euros.
Se podría señalar juicio en el plazo de diez días, si lo solicita el Fiscal.
Fuente: cadenaser.com