Para el ministerio que dirige Teresa Ribera, las causas de la degradación ambiental del mar Menor están perfectamente identificadas y giran en torno a la actividad minera, la agricultura, el desarrollo urbanístico y los usos de la laguna, algunos relacionados con la actividad turística. Tras estudiar el borde litoral del mar Menor, así como el tramo de costa mediterránea comprendida entre el puerto de Pilar de la Horadada (Alicante) y Cabo de Palos, plantea como una de las prioridades la redefinición del Dominio Público Marítimo Terrestre y su «recuperación allí donde esté indebidamente ocupado».
«Del conjunto de 66 playas, solamente en 23 de ellas no existe ninguna ocupación, lo que corresponde a un tercio del total, mientras que en dos terceras partes de las playas se ha observado alguna ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre», dice el texto. El documento identifica ciertas zonas en las que ya existen ocupaciones y sobre las que se actuará para su recuperación. Por ahora, los técnicos han identificado 248 viviendas, 42 chiringuitos, 4 hoteles y 15 restaurantes, entre otras construcciones, que se encuentran en Dominio Público Marítimo Terrestre. Se revisará cada edificación una a una, ya que este listado preliminar no tiene en cuenta su situación legal, es decir, si tienen permiso o no. «En el caso de resultar ilegales se debe proceder a la recuperación», dice el texto, lo que podría llevar a su derribo. Una posibilidad que también existirá para aquellas que sean legales, aunque en estos casos también se valorará su posible mantenimiento o su «rescate» por parte del Estado, dicen las mismas fuentes.
Recuperación ecológica
El documento también se refiere a otras causas de la degradación medioambiental del mar Menor como los vertidos, tanto agrícolas como procedentes de las cuencas mineras o el impacto de las instalaciones portuarias. Plantea 77 actuaciones, como la creación o modificación de espigones o reposiciones de arena. Y aborda actuaciones que implican diferentes niveles administrativos: estatal, autonómico y local.
Se están estudiando los puntos de vertido al mar Menor y aquellos detectados que sean ilegales, deberán taponarse. Hasta que esto no ocurra, el Gobierno no ejecutará el «rescate ecológico» para eliminar la contaminación, en forma de fangos o lodos, de la laguna, según fuentes ministeriales, ya que creen que carecería de sentido actuar hasta que el problema en origen esté resuelto.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha señalado que «el Mar Menor requiere de una solución integral para atacar sus problemas desde todos los frentes y también de forma coordinada con el resto de administraciones que tienen competencia sobre la laguna. El Estado ejecutará las medidas que son de su competencia y seguirá cooperando con el resto de administraciones y entidades para conseguir restaurar este espacio tan valioso».
Fuente: abc.es
