La Ley del Mar Menor, que entró en vigor el 2 de agosto, establece las obligaciones que deberán cumplir los ayuntamientos, la Comunidad y la Administración central para evitar la degradación del Mar Menor que ha venido detectándose desde 2016. También impone nuevas restricciones a los agricultores y a los ganaderos, aunque algunas de ellas estaban en vigor con anterioridad, porque aparecían recogidas en el decreto ley aprobado por el Gobierno regional en diciembre de 2019.
Este decreto fue tramitado como un proyecto de ley, que finalmente consiguió el apoyo de los tres grupos mayoritarios en la Asamblea Regional, a pesar de las dificultades que planteaba el acercamiento entre los socios del Gobierno de López Miras y la oposición socialista.
Sin embargo, las diferencias de criterio que quedaron aparcadas en aquel momento siguen aflorando, tal y como se está viendo en los últimos meses, ante las decisiones adoptadas por la Confederación Hidrográfica del Segura al declarar el Acuífero del Campo de Cartagena en riesgo químico, lo que implica restricciones en la actividad de la agricultura. El decreto de López Miras de diciembre de 2019 limitaba la prohibición de los fertilizantes en la franja costera de 500 metros. A partir de este 2 de noviembre las limitaciones se extienden desde los 500 hasta los 1.500 metros.
En esta franja solo podrá desarrollarse «agricultura ecológica, sostenible y de precisión en la que no podrán utilizarse abonos químicos ni estiércoles no compostados y tampoco podrán superarse los 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año».
El texto legislativo pactado también estableció una moratoria de tres años para la instalación de nuevos invernaderos y para la apertura de nuevas explotaciones ganaderas con el fin de evitar que siga aumentando la contaminación que implicaría un aumento de la cabaña y de la superficie cultivada bajo plástico.
También el desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos ha quedado paralizado durante un plazo de tres años en los municipios ribereños de la laguna salada. Antes de final de año entrarán en vigor las limitaciones de los ciclos de cultivos.
El diputado socialista Manuel Sevilla ha presentado 60 preguntas al Ejecutivo en las que reclama información a los consejeros de Agricultura y de Fomento sobre la ejecución de las medidas recogidas en la Ley del Mar Menor que debían ponerse en marcha a partir del 2 de agosto, una vez que entró en vigor el texto consensuado. El Grupo Socialista pretende hacer así un seguimiento del cumplimiento de la ley, casi artículo por artículo.
Fuente: laopiniondemurcia.es
