La Asamblea Regional convalida el decreto que reforma seis leyes medioambientales

El decreto ley que modifica seis leyes medioambientales de la Región fue convalidado este miércoles por la mañana en la Asamblea Regional con los 23 votos del PP y sus socios parlamentarios y de Gobierno, aunque la norma tendrá que esperar para su aplicación, ya que será cursada como proyecto de ley, y por tanto sujeta a modificaciones, lo cual requerirá seis meses de trámites. El PP está de acuerdo con este procedimiento y defendió la reforma para agilizar la recuperación económica. PSOE y Podemos, por su parte, acusaron al Ejecutivo autonómico de ser «el mayor depredador del medio ambiente».

El Observatorio del Mar Menor

El decreto prevé dar más atribuciones al Imida, que será el instituto encargado de gestionar el Observatorio del Mar Menor y el paquete de ayudas de los fondos Next Generation. Asimismo, se adaptarán las vías pecuarias a los actuales trazados urbanísticos, a la vez que se podrán reconvertir terrenos forestados en usos agrícolas. También se agilizarán los expedientes de evaluación ambiental, en el sentido de que se decidirá en qué casos serán necesarios en relación a la Red Natura.

El Grupo Parlamentario Socialista anunció que presentará un recurso en el Tribunal Constitucional contra esta ley, al considerar que no responde a los criterios de urgencia y que va contra la legislación ambiental. El decreto salió adelante con los 23 votos del PP y sus socios, 20 en contra y la abstención del diputado de Vox Pascual Salvador.

Durante la sesión, los portavoces parlamentarios de Ciudadanos y PP aprovecharon para sacar a relucir otros asuntos, entre ellos las críticas a la remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez, así como las protestas en Cuba, además del Trasvase, mientras que los del PSOE y Podemos pusieron el foco en el Mar Menor y en la política del PP contraria al medio ambiente.

En ausencia del titular de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, que se encontraba asistiendo a una reunión sobre la PAC con el ministro Luis Planas, el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, defendió este decreto de Simplificación Administrativa en Materia de Medio Ambiente, Medio Natural, Investigación e Innovación Agrícola y Medioambiental. «Sin retroceder ni un milímetro en la protección ambiental, hay que eliminar lo que sobra, los filtros que no filtran sino que obstaculizan», dijo para recalcar que hay que dinamizar la actividad económica y el empleo «con menos burocracia». «El mundo ha cambiado y el medio ambiente debe acompasarse. Se protege mejor el medio ambiente cuando progresa la sociedad», añadió, para enfatizar que la finalidad es desarrollar las medidas de recuperación. Indicó que la reforma va en la misma línea que la del Gobierno de la nación, que ha agilizado procedimientos con 66 reales decretos.

PSOE Murcia: «¿Qué están ocultando?»

La diputada socialista María Dolores Martínez acusó al Gobierno de López Miras de ser « el mayor depredador del medio ambiente en esta Región». Sacó a colación el ‘ecocidio’ del Mar Menor como ejemplo de la política del PP, al que recriminó además que ignore los requerimientos de la Fiscalía sobre los expedientes sancionadores. «¿Qué les debe a esas empresas?», cuestionó.

Martínez anunció que los socialistas presentarán un recurso en el Tribunal Constitucional contra este decreto «que no tiene nada de urgente y que desprotege la legislación medioambiental». A su juicio, la reforma es un «suicidio ambiental» que pasará factura a las siguiente generaciones. Precisó que se incumple la Constitución con los cambios que afectan a la Red Natura y preguntó al Gobierno regional «qué nos está ocultado».

Juan José Liarte solicitó que el decreto se tramite como proyecto de ley y rebatió las acusaciones del PSOE de que el Gobierno regional sea un depredador medioambiental. A su juicio se trata de una reforma técnica que responde a un diagnóstico unánime, en el sentido de que los procedimientos ambientales son lentos y farragosos. «La necesidad de la simplificación administrativa relacionada con la tramitación ambiental no es nueva».

Ana Marín, de Podemos, declaró que el Ejecutivo regional «no va dejar nada vivo». Enumeró los peligros y atentados que comportan lsa nuevas órdenes de veda, la reducción de los plazos de evaluación ambiental y las medidas sobre las vías pecuarias. «El decreto abre la puerta a revertir a uso agrícola los terrenos forestados con fondos de la UE, que ustedes se quieren cargar. Dicen que es para favorecer la llegadas de las ayudas Next Generation, ¿pero con qué cara van a solicitar esas subvenciones?». «Comprendo que las presiones de la agroindustria serán tremendas. Tras cargarse el Mar Menor, ahora se van hacia norte de la Región», dijo. «¿A quienes sirven ustedes? ¿Para quiénes trabajan?». Al igual que el PSOE, Podemos sacó a colación las protestas de este fin de semana en Yecla contra la nueva granja porcina.

El portavoz de Ciudadanos, Francisco Álvarez, rebatió todas las acusaciones y dijo que el Ejecutivo «no trabaja para los intereses de nadie». Defendió el decreto y los cambios legislativos, al considerar compatible la agilización administrativa de los proyectos e inversiones con la protección ambiental.

Juan Antonio Mata, del Grupo Parlamentario Popular, enfatizó que el nuevo decreto tiene como finalidad una adecuada gestión de fondos Next Generation para impulsar actividad económica y la sostenibilidad. Añadió que aporta un elemento de «seguridad jurídica» para los ciudadanos y empresas, y que resuelve muchos problemas en los municipios, que afectan a numerosas familias, con la adaptación de las vías pecuarias. Frente a las críticas de PSOE y Podemos, señaló que la superficie forestal en la Región de Murcia «se ha triplicado en los últimos años».

Fuente: laverdad.es