El informe de situación recoge los avances en la ejecución de la Hoja de Ruta, puesta en marcha en octubre de 2019 con el doble objetivo de frenar el deterioro de la laguna salada, única por su alto valor ecológico, y contribuir a la recuperación de su dinámica natural, según informaron fuentes del Miteco en un comunicado.
En este sentido, el Ministerio ha anunciado que continúa trabajando en la preparación de un Programa Verde Integrado para la recuperación del Mar Menor que ordene, seleccione y priorice las acciones a realizar.
La Hoja de Ruta identifica aquellas actuaciones inmediatas que permiten reducir los aportes de contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas en origen y/o que contribuyen a evitar modificaciones de los ecosistemas litorales. Estas actuaciones consisten en la vigilancia de las actividades que, o bien no tienen autorizaciones o derechos concesionales de uso de agua, o bien generan vertidos no autorizados, así como en la vigilancia y control del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT).
Aumento de la vigilancia e inspección
Así, se incrementaron en varias áreas los efectivos dedicados a estas labores, lo que se ha traducido en un aumento de los expedientes sancionadores. Estos expedientes se envían puntualmente a la Comunidad para su conocimiento, al efecto de que lleve a cabo las actuaciones necesarias en el marco de sus competencias.
Desde hace unos meses también se comunican los del resto de la cuenca y los expedientes se trasladan a la Fiscalía Superior de la Región. En conjunto, se han remitido 161 expedientes sancionadores en toda la cuenca, de los que 129 se han trasladado también a la Comunidad.
En el entorno de la laguna, el número de expedientes sancionadores iniciados desde 2018 por uso privativo de aguas sin autorización –regadío en zonas sin derechos inscritos en el Registro de Aguas o regadío fuera del perímetro aprobado– es de 447.
La superficie que ya ha sido objeto de resolución sancionadora es de 3.507 hectáreas, mientras que la superficie denunciada, pero todavía sin resolución, es de 2.584. En 53 de esos 447 expedientes, la Comunidad ya ha comunicado que se inicia el proceso de restitución de cultivos.
Asimismo, los agentes medioambientales continúan las inspecciones en la cota 120 de la comunidad de regantes Campo de Cartagena, que tiene en riego 1.000 hectáreas más de las 11.220 autorizadas. Ya se ha revisado una superficie superior a las 13.865 hectáreas, de las que 11.560 (el 83%) dispone de sistema de riego.
En marzo de 2021, de la superficie obtenida por teledetección en 2019 –9.500 hectáreas iniciales con vegetación con aspecto de ser regada–, finalmente son 8.460, una vez eliminadas las superficies de cultivos de secano, montes y otras con vegetación, pero que no disponen de sistemas de riego, a lo que habría que incluir otras superficies de riego sin derechos que aparecen en las inspecciones visuales realizadas por el Servicio de Policía.
141 expedientes por vertidos
Igualmente se ha potenciado la acción inspectora sobre los vertidos potencialmente contaminantes. También se ha redoblado el esfuerzo de inspección sobre las desalobradoras que no cuentan con autorización. En lo referente al control de vertidos, el número de expedientes sancionadores abiertos al cierre de 2019 por vertido contaminante de agua residual a Dominio Público Hidráulico fue de 135. Desde principios de 2020 se han iniciado 141 expedientes adicionales por vertidos a cauce público.
Los expedientes abiertos por detección de desalobradoras en el entorno del Mar Menor al cierre del año 2019 se elevaron a 93, lo que duplicaba la cifra de 2018. Se siguen desarrollando los trabajos de inspección de las desalobradoras ubicadas en Alicante.
Asimismo, se precintaron 192 desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena y se han iniciado 91 expedientes sancionadores a las que no han realizado el mismo. Adicionalmente, los agentes medioambientales han informado de que 53 desalobradoras han sido retiradas o desmontadas, y se ha procedido al sellado de 97 sondeos.
Acuífero del Campo de Cartagena
La Hoja de Ruta recoge, por otro lado, la declaración el pasado julio del acuífero del Campo de Cartagena «en riesgo de no alcanzar el buen estado químico» por la elevada presencia de nitratos en su agua, lo que supone la activación de los trámites para que el organismo de cuenca elabore un plan de ordenación de esta masa de agua.
Además, el pasado octubre la Junta de Gobierno de la CHS ratificó las medidas cautelares adoptadas en julio y acordó la ampliación del perímetro de la zona afectada (4.218 hectáreas).
Para valorar la eficacia que supone la aplicación de las medidas cautelares se ha encargado a la Universidad Politécnica de Valencia la realización de los trabajos de asistencia técnica para la simulación de la evolución del contenido en nitratos de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena.
Por otra parte, se han incoado 6 expedientes de recuperación posesoria de los bienes de DPMT que estaban indebidamente ocupados, y 41 expedientes tendentes a determinar los derechos de los propietarios de ocupaciones existentes con anterioridad a la Ley de Costas. Se pretende determinar qué ocupaciones son ilegales, con la finalidad de proceder a su levantamiento.
Situación de la nacra
El pasado 23 de septiembre se reunió un grupo de trabajo coordinado por el Miteco para garantizar la protección de la especie en todo el litoral español. En la reunión se evaluó la situación global de la especie y las actuaciones urgentes que han de acometerse por parte de las distintas administraciones implicadas en su conservación. En espera de los resultados que pueda arrojar el informe del IEO, se realizará el balizamiento de las nacras supervivientes que se encuentran a escasa profundidad como primera medida preventiva.
El Gobierno regional solicitó un proyecto a la convocatoria de 2021 del Fondo del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO para especies en situación crítica, con el fin de realizar el seguimiento de la nacra en la laguna, reducir amenazas y colocar colectores larvarios, por un montante total de 194.000 euros y una financiación del 80% por parte del Fondo.
Por otro lado, un estudio encargado por la CHS a la UPCT permitirá definir las actuaciones y medidas para reducir el riesgo de inundación de las áreas urbanas en el Campo de Cartagena, así como minimizar los sedimentos movilizados y arrastrados hacia el medio acuático receptor como consecuencia de las lluvias extremas.
El estudio se centrará en las zonas afectadas de Los Alcázares y San Javier, dejando para una siguiente fase el análisis de las demás zonas afectadas. Este estudio servirá para la preparación de un Plan de adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente al Mar Menor.
Por otro lado, se ha elaborado, en colaboración con la UPCT, una propuesta de medidas para la restauración hidrológica y forestal de las cuencas mineras Ponce, Carrasquilla, Mendoza (Beal) y la rambla de Las Matildes, que vierten al Mar Menor. En breve se iniciarán los trabajos de contratación para la redacción de proyectos, con un presupuesto estimado de 29.905.240 de euros e incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Fuente: laverdad.es
