Podemos pide la dimisión de Antonio Luengo tras la sentencia que obliga a la Consejería a sancionar a los que contaminan el Mar Menor
La portavoz de Podemos Murcia, María Marín, argumenta que la sentencia “deja claro” que el departamento dirigido por Antonio Luengo es “responsable de perseguir y controlar los vertidos agrícolas”
Podemos en la Región de Murcia exige la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, a raíz de la sentencia que obliga a su departamento a sancionar a quienes han contaminado el Mar Menor. Este jueves conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia le ha ordenado que expediente a 8 empresas agrícolas que operan en el campo de Cartagena por vertidos.
La portavoz de la formación morada, María Marín, entiende que el ejecutivo autonómico “no ha hecho nada” por evitar esta contaminación y por eso ahora pide que “se conviertan en indemnizaciones” para los afectados las sanciones a esas compañías.
Marín ha recordado que, al menos desde mayo de 2020, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente y el presidente López Miras, “han estado tirado balones fuera para no cumplir con su obligación” porque, en su opinión, “no quieren molestar ni un poquito a los que de verdad mandan en la Región, grandes terratenientes que ganan cientos de millones de euros cada año“.
La otra cara de la moneda, ha apuntado Marín, es que este modelo de permisividad con el delito ambiental “está arruinando a los vecinos y vecinas de toda una comarca, que ven sus negocios peligrar sin visitantes y cómo se desploma el valor de sus casas“.
La Consejería de Medio Ambiente asegura que acatará la sentencia y en breve iniciarán el procedimiento contra las explotaciones agrícolas. El equipo de Luengo responsabiliza a un jurídico de la administración regional de haber propuesto el archivo de los expedientes de responsabilidad ambiental que ahora le exige el Tribunal Superior de Justicia, según indicaba el director general de Medio Ambiente Francisco Marín.
El jurídico de la administración, instructor en este asunto, ha criticado este señalamiento, máxime cuando los servicios de prensa de la Consejería le mencionan con nombres y apellidos en un comunicado. Sostiene que la decisión, por mucho que fuera propuesta por él, es “de la absoluta responsabilidad” del Director General de Medio Ambiente, que puede seguirla o rechazarla.
En un comunicado que ha remitido a los medios de comunicación, argumenta qué apartarse de su propuesta implicaría incurrir en un delito de prevaricación. Termina con este párrafo que reproducimos textualmente: “si la sentencia ahora publicada ha puesto de manifiesto que la Comunidad Autónoma lo ha hecho rematadamente mal, haciendo dejación de sus obligaciones legales de reparar los grandes daños ambientales causados al Mar Menor, es la institución y sus representantes los que deben asumir sus responsabilidades en primer lugar“.
Fuente: orm.es
