El juez amplía el ‘caso Topillo’ de los vertidos al Mar Menor con otras 43 empresas investigadas
El magistrado se basa en un informe del Seprona sobre la documentación facilitada por la empresa Hidrotec, sospechosa de instalar desaladoras ilegales para la agricultura.
El llamado ‘caso Topillo’, que se orienta a depurar posibles responsabilidades penales por la contaminación ambiental del Mar Menor, acaba de ofrecer una nueva ‘cosecha’ de empresas agrícolas investigadas por la supuesta utilización ilegal de plantas desalinizadoras y los consiguientes vertidos de salmuera que acababan en el acuífero subterráneo o en ramblas que desembocan en la albufera. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, ha dictado un auto por el que extiende las imputaciones delictivas a otras 43 sociedades mercantiles y personas particulares, que tendrán que comparecer en estas diligencias por un presunto delito contra el medio ambiente.
Esta nueva remesa de compañías y empresarios agrícolas sospechosos de contaminar el Mar Menor con sus vertidos tiene su origen en un informe recientemente aportado por el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil, en el que se analiza la documentación entregada meses atrás por la firma Hidrotec, que en apariencia se venía dedicando desde hace años a instalar plantas desalinizadoras clandestinas en explotaciones de la comarca del Campo de Cartagena.
Salmuera vertida en ramblas
En base a los listados aportados por esa firma, se ha podido establecer la relación de fincas agrícolas en las que en apariencia se habían instalado desalobradoras de manera ilícita, sin autorización, con el fin de obtener importantes caudales de agua para sus cultivos, y que son sospechosas de verter el rechazo de salmuera a los mismos pozos que conectan con el acuífero subterráneo o directamente en ramblas.
En estas diligencias, siguen estando investigadas decenas de mercantiles y empresarios particulares que se vieron señalados a raíz del análisis de la documentación intervenida, en este caso, a otra firma especializada en la instalación y mantenimiento de instalaciones desaladoras: Insal.
Al igual que ya hizo en su momento con estos otros imputados, el magistrado Garrote ha ordenado que se elabore un informe pericial sobre las necesidades de agua de cada una de estas nuevas explotaciones agrícolas, lo que permitirá conocer, en apariencia con suficiente rigor, los caudales procedentes de la desalinización irregular y los vertidos de salmuera que habrían provocado.
Diligencias principales de 2017
El instructor ha decidido, sin embargo, abrir una pieza separada con estos 43 nuevos investigados, con el fin de evitar ralentizar las diligencias principales, que datan de 2017 y que ya están muy avanzadas. Igualmente, ha reclamado a la Fiscalía y al resto de las partes personadas en este procedimiento que informen de si la investigación se debe prorrogar seis meses más.
En la resolución judicial, se expone que el último informe del Seprona permite concluir «que hay indicios de que una pluralidad de empresas y empresarios individuales podrían haber hecho uso de máquinas desaladoras de manera ilegal, vertiendo salmuera sin autorización, pudiendo causarse un daño al medio ambiente». Además, el informe de los especialistas de la Guardia Civil también resalta los indicios contra la citada empresa Hidrotec, que encabeza el listado de nuevos investigados «por suministrar desaladoras y consumibles para su utilización, a sabiendas de su ilegalidad».
El juez procederá en los próximos días a tomar declaración a las 43 personas y entidades jurídicas relacionadas en el atestado (agrícolas, de suministro de maquinaria agrícola o de riego y hasta un campo de golf). Y, aunque deja constancia en su auto de que «las nuevas conductas que se van a enjuiciar guardan idéntica conexión con los posibles delitos de prevaricación que se imputan a ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y de la Comunidad Autónoma», ello no impide que esta rama de la investigación se desarrolle en forma de pieza separada para evitar perjuicios a quienes desde hace años están imputados en la pieza principal.
Pide nuevos refuerzos
Para poder practicar las numerosas diligencias de toma de declaración a estos nuevos 43 investigados y concluir la instrucción de la primera fase, el magistrado Ángel Garrote ha solicitado un refuerzo para su juzgado por parte de la Unidad de Causas Complejas y de Corrupción (UACC) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta solicitud ya cuenta con el informe favorable de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), por lo que es previsible que en breve se le puedan asignar medios adicionales que le permitan centrarse en sacar adelante este macroproceso.
Fuente: laverdad.es
