La Asociación Naturalistas del Sureste (ANSE) ha criticado que el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor aprobado por el Gobierno regional “esconde algunas trampas que distan mucho de convertir a esta nueva norma en la solución a los problemas ambientales de la mayor laguna litoral española, y podría permitir la continuación de la tramitación de proyectos urbanísticos de gran impacto como Novo Carthago”.

Para comenzar, ANSE destaca especialmente la “trampa” sobre la “moratoria urbanística”. Aunque el artículo 16 habla, en su apartado 1, de un ‘Área de exclusión temporal para nuevos desarrollos urbanísticos’, indica inmediatamente, en su apartado 2 “los planes aprobados o en trámite, entendiéndose por tales aquellos que hayan alcanzado la aprobación inicial, podrán continuar con su tramitación”, según informaron fuentes de la Asociación en un comunicado.

De no producirse cambios en la Asamblea Regional o que los trámites judiciales resuelvan la anulación del desarrollo urbanístico, ANSE lamenta que el Decreto Ley del Mar Menor “pondría en serios apuros al Ayuntamiento de Cartagena por su decisión de 2018 de paralizar la tramitación del proyecto de reparcelación de Novo Carthago, y podría favorecer reclamaciones por incumplimiento de convenio y daños y perjuicios”.

ANSE considera que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, “ha demostrado ser un tramposo con sus anuncios sobre la protección del Mar Menor”, y permitiría con la redacción actual del Decreto Ley “el rescate inicial del proyecto urbanístico estrella del expresidente Ramón Luis Valcárcel”.

Así, critica que “16 años después, con un procedimiento judicial aún sin resolver, López Miras da una nueva oportunidad, a través de un Decreto Ley improvisado, a una recalificación de suelos que permitiría construir entre 8.000 y 10.000 viviendas, campos de golf y hoteles”.

ANSE critica que “también podrían continuar a pesar de la moratoria otros grandes proyectos urbanísticos en trámite, en el municipio de Cartagena, como el Plan Parcial del Vivero, que se desarrollarían sobre terrenos ganados al Mar Menor”.

En La Manga, donde no existe suelo para equipamientos y apenas quedan unas pocas parcelas con dunas y arenales y donde la regresión de la línea de costa “está haciendo desaparecer la mayoría de las playas interiores hacia el Mar Menor”, ANSE denuncia públicamente que la Comunidad Autónoma “no ha acordado moratoria alguna, ni siquiera en la única zona propuesta como ‘Microrreserva de flora silvestre’, de tan solo 2 hectáreas, en el término municipal de San Javier”.

Para “colmo”, ANSE critica que el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al Mar Menor “podría quedar limitado a la zona comprendida entre las autovías que rodean el Mar Menor y la orilla de la laguna, dejando fuera el resto de la Comarca de Cartagena cuyas aguas drenan hacia el Mar Menor, y en un plazo de 5 años, por lo que no sería imprescindible su aprobación en esta legislatura”.

ANSE opina que la Asamblea Regional “no debería de convalidar el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, sino obligar a la aprobación de una Ley Integral del Mar Menor, como se acordó en la legislatura anterior, elaborada de manera rigurosa e incorporando las consultas necesarias de órganos de participación como el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente de la Región de Murcia o el Consejo Jurídico de la Región de Murcia entre otras”.

Fuente: laopiniondemurcia.es