Un millar de barcos siguen fondeados en las costas de la Región de manera ilegal por la lentitud de las administraciones. «Queda prohibido el fondeo en zonas de especial protección de la biodiversidad marina, en las que pueda causar daño al ecosistema marino, incluidas las praderas de posidonia». «Queda prohibido el fondeo en el Mar Menor, dentro de la zona comprendida entre la costa y determinados puntos» previamente establecidos. Estas y otras «condiciones del fondeo» de barcos establecidas por el Ministerio de Fomento, a través de la Capitanía Marítima de Cartagena, siguen siendo papel mojado.
Ni la Ley de Navegación Marítima ni las normativas de protección de esta albufera ni las promesas políticas lanzadas desde las administraciones públicas han puesto coto al amarre ilegal de embarcaciones de recreo. Por enésimo verano, los bañistas y el medio ambiente soportan los perjuicios derivados de la presencia de un millar de barcos ‘aparcados’ sin control en esta zona del litoral de la Región, según Capitanía Marítima.
La lentitud en la aplicación de medidas, las discrepancias y la falta de coordinación entre Capitanía Marítima, Demarcación de Costas (del Ministerio para la Transición Ecológica) y Comunidad Autónoma mantienen una situación que daña la imagen turística de La Manga y del resto de costa, en los cuatro municipios ribereños: Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. Además, el uso de ‘muertos’ para anclar los navíos daña los fondos marinos y frena, de esta manera, la recuperación de un ecosistema sumido ya de por sí en una crisis ambiental por los vertidos contaminantes de aguas agrícolas y urbanas.
Según la normativa nacional, con carácter general «el fondeo tendrá una duración inferior a 24 horas» y «se mantendrá la señalización de fondeo diurna y/o nocturna en todo momento». Además, «el círculo de borneo no invadirá, en ningún caso, las zonas de baño balizadas; y si estas no estuvieran balizadas, se entenderá como zona de baño la comprendida dentro de los 200 metros frente a las playas y de 50 metros frente al resto de la costa».
Esa es la teoría. En la práctica, en zonas como Playa Honda y Los Urrutias, en la zona sur, los propietarios de los barcos dejan estos durante semanas a escasos metros de la orilla, con el riesgo de un accidente y de un vertido de aceite o de combustible. En algunos casos, los dueños no sacan del agua las naves tras las vacaciones, sino que las mantienen sujetas con bloques de hormigón o ‘muertos’ durante todo el año.
Los temporales suelen dañar luego estas embarcaciones e incluso las empujan hasta la línea de costa, donde quedan varadas. En ambos casos, suponen un peligro para la navegación y el entorno. Como ejemplo, estas prácticas ilegales afectan a las inmediaciones del humedal del Carmolí, las cercanías del club náutico de Los Alcázares, Santiago de la Ribera y el término de San Pedro.
«No podemos entrar a saco»
Según datos de la Capitanía Marítima, desde el otoño han sido retiradas 234 embarcaciones, veinte de las cuales han acabado en el desguace al carecer de identificación y no haber sido localizado su titular. Varios infractores tuvieron que pagar multas de hasta 6.000 euros y otros recurrieron a sus compañías aseguradoras para poder recuperar sus embarcaciones, que fueron trasladadas de forma temporal en un depósito.
Asimismo, en lo que va de verano la Guardia Civil ha impuesto una quincena de sanciones. En su mayoría, las embarcaciones fondeadas sin permiso en el Mar Menor tienen en torno a ocho metros de eslora, aunque algunas alcanzan los 24. El actual número de embarcaciones es sensiblemente inferior al de hace cinco años, cuando un censo del entonces Ministerio de Medio Ambiente arrojó la cifra de 2.700. Además, Capitanía y la Dirección General del Mar Menor de la Comunidad aplican un convenio para erradicar este problema. Fruto de este pacto, hace ahora un año el primero de estos organismos dictó una orden expresa de prohibición del fondeo en áreas de «elevada vulnerabilidad ecológica por la presencia de especies de fauna catalogadas en peligro de extinción»: el caballito de mar (‘Hippocampus guttulatus’) y la nacra ( ‘Pinna nobilis’).
De igual forma, biólogos y brigadas de limpieza retiraron más de una docena de elementos que impactaban en la flora y fauna submarinas. Y la Consejería de Fomento instaló puntos de acceso a embarcaciones en cuatro puntos: Playa Honda, Islas Menores, Los Urrutias y el Atalayón.
Sin embargo, queda mucho por hacer. Sigue pendiente instalar más polígonos temporales de fondeo, muelles flotantes que evitan el uso de hormigón y donde hay anclajes ecológicos. El único está en San Javier y tiene 200 plazas. Fue hace ya cuatro años cuando Costas, Comunidad y ayuntamientos estudiaron concentrar unas 800 barcos en siete fondeaderos.
«Estamos actuando en las zonas más sensibles del Mar Menor y con más peligro para la navegación, pero no podemos entrar a saco, entre otras razones porque hay una tradición de uso de los barcos de recreo», afirma el capitán marítimo, Óscar Villar. Y pide el apoyo del resto de administraciones. A la Comunidad le ha planteado «promover y mantener una guardería marítima (policial) del entorno, que vigile la aplicación de la Ley de Gestión Integral del Mar Menor», pendiente de aprobar.
Villar también ha pedido «establecer un inventario de los clubes náuticos y marinas radicados en el Mar Menor, comprobando su ubicación y máximo número de atraques y adecuando y optimizando los mismos». Y ha planteado «establecer áreas autorizadas de fondeo temporales de embarcaciones deportivas, gestionadas por ayuntamientos o empresarios privados, prohibiendo a su vez el fondeo libre y, en particular, el fondeo de ‘muertos’».
Fuente: laverdad.es