Dos meses y medio después de que el Mar Menor sufriera la mayor crisis medioambiental de su historia, el Gobierno regional de Murcia aprobó la semana pasada el decreto ley de protección integral de la zona con el que pretende regular los usos socioeconómicos que conviven en el entorno para reducir las presiones contra el ecosistema y conseguir la recuperación del estado ecológico de este espacio natural único en Europa. Estas medidas, sin embargo, solo han acabado contentando a los partidos de la derecha, a quien la oposición ha acusado de rendir favores a ciertos sectores empresariales.

Para plasmar estas medidas se han mantenido un total de 69 reuniones con 56 entidades, asociaciones, partidos políticos, organizaciones, universidades, colegios profesionales, científicos y representantes de numerosos sectores, además de la comisión de seguimiento semanal. A ello se suman las 327 aportaciones recogidas en el proceso de participación social.

El decreto incluye medidas para la actividad agrícola, ganadera, pesquera, turística, cultural y de ocio, puertos y navegación y minería. Recoge también un programa de control de vertidos para reducir los posibles aportes contaminantes y supervisar las redes de aguas pluviales, de saneamiento y de estaciones depuradoras de aguas residuales. Asimismo, establece la implantación de la ‘Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras’ para el sistema socioeconómico del Mar Menor (que se encuentra en avanzado estado de tramitación), la puesta en marcha de la ‘Estrategia del Paisaje’ y la elaboración un plan de ordenación territorial que se prevé que esté aprobado en un plazo máximo de cinco años.

Un corredor ecológico

Este plan recogerá la adaptación de los usos agrícolas, el establecimiento de un corredor ecológico alrededor del Mar Menor como filtro natural, la mejora de la calidad urbana de las áreas construidas y la regulación de la densidad urbanística. Mientras no se apruebe, se establece un área de exclusión temporal para nuevos desarrollos inmobiliarios. También se prohíben las transformaciones de secano a regadío y la creación de nuevas superficies de secano queda sujeta a autorización; se amplía a 500 metros la prohibición del uso de fertilizantes, estiércoles o abonado en verde; se imponen requisitos en la gestión de residuos plásticos y recogida de agua en invernaderos.

Asimismo, se crea el distintivo para la agricultura sostenible del Mar Menor y la figura del operador agroambiental. Además, en la zona 1 solo se permitirá uno o dos ciclos de cultivo anual en función del tamaño de la raíz y el manejo del cultivo; se prohíbe la aplicación directa de purines, y el resto de estiércoles solo puede aplicarse directamente bajo técnicas de biosolarización.

Veto a nuevos puertos deportivos

Se prohíbe la construcción de nuevos puertos deportivos en el Mar Menor y las embarcaciones de motores de dos tiempos de carburación. Y el Reglamento de Pesca en el Mar Menor limitará la actividad extractiva mediante un marco regulador que establezca los períodos de pesca, las zonas y épocas de veda, los límites de captura, y las características de las embarcaciones o artes de pesca. También queda vetada la implantación de nuevas instalaciones de ganado porcino o ampliación de las existentes y se refuerzan las obligaciones de impermeabilización de balsas y sistemas de almacenamiento.

El Plan establece un régimen sancionador y de control para asegurar el cumplimiento de la norma. Habrá sanciones leves, graves y muy graves con cuantías que van desde los 2.000 a los 500.000 euros.

“Oportunidad perdida”

Para Diego Conesa, secretario general del Partido Socialista en la Región de Murcia “se ha perdido una oportunidad única de salvar el Mar Menor por la falta de acuerdo con el Gobierno regional, al que considera que ha estado “centrado en salvar ciertos intereses económicos particulares en lugar de preservar el ecosistema”. El PSOE lamenta que no se haya tenido en cuenta su propuesta de reducir de cinco a tres años el plazo para aprobar con carácter definitivo el plan de ordenación de vertidos y de ampliar a 1.500 metros en vez de los 500 aprobados por el Gobierno, la franja donde se prohíben la aplicación de todo tipo de fertilizantes.

Juan Marín, presidente de la patronal exportadora del sector hortofrutícola regional, indicó que el decreto es insuficiente para proteger el Mar Menor “pese al esfuerzo titánico que se exige al campo y a los sectores implicados” y añadió que el futuro de la agricultura en el Mar Menor “será sostenible o no será”.

Podemos en la Región de Murcia lamenta la falta de responsabilidad del gobierno murciano que “en lugar de pensar en nuestra tierra, solo piensa en los empresarios amigos para que puedan seguir con sus negocios a costa del Mar Menor y de los murcianos”.

El portavoz de VOX en Murcia, José Ángel Antelo, se mostraba satisfecho porque se habían considerado sus propuestas para compatibilizarlos usos agrícolas, ganaderos, turísticos y pesqueros y añadió que VOX continuará reclamando la apertura de las golas con en el Mar Mediterráneo y el Plan Vertido Cero.

Según el titular de Medio Ambiente, Antonio Luengo, todos los colectivos deben “interiorizar este decreto para lograr la recuperación integral del Mar Menor”, por lo que destacó que “no hay política ni intereses partidistas en este camino. El que no lo entienda es que no ha comprendido la gravedad de la situación. Nadie entenderá los vetos a una ley tan necesaria como esta, con un consenso tan amplio con todos los agentes implicados”.

Fuente: elperiodico.com