¿Pero tienen derechos los ecosistemas? ¿Los tiene el mar Menor?
El asunto apenas ha salido de las cátedras de filosofía del derecho. Pero ahora echa a andar. La mesa del Congreso admitió a trámite el 24 de septiembre la propuesta de la nueva ley (presentada en julio) por el grupo promotor (de las asociaciones SOS Mar Menor y Mar Menor Vivo, entre otros). Y partir de ahora, se inicia la recogida de firmas (se necesitarán 500.000) para que sea debatida. Como fedatario actúa Fernando Valladares, jefe del grupo de Ecología y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC en Madrid.
Hace unos días, la junta electoral central mostró el modelo oficial de recogida de firmas, selló y numeró las hojas, y las entregó a sus promotores. CC.OO., la Universidad Complutense de Madrid, Greenpeace y Ecologistas en Acción colaboran.
La propuesta cuenta con el aval de los estudios de Teresa Vicente, catedrática de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. La profesora ha recopilado los precedentes en que se reconoce que los ecosistemas son sujetos de derechos. “Los ecosistemas tienen derecho a sobrevivir, a que no sean contaminados”, resalta esta especialista en justicia ecológica. “Las empresas mercantiles, los bancos, las corpora-ciones o las multinacionales no son nada, pero tienen personalidad jurídica”, expone. Se trata de que la naturaleza tenga el mismo estatus. “En el siglo XIX, cuando se crea el derecho moderno, adquieren personalidad jurídica las sociedades mercantiles. La mujer ha tardado en ver reconocidos sus derechos, y el proletariado solo ha obtenido plenos derechos sociales tras la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el antropoceno, y el derecho de debe adaptarse a la nueva situación”, recalca la catedrática.
Ríos con personalidad jurídica
El derecho de la naturaleza a ser protegida (y tener personalidad jurídica) tiene algunos precedentes concretos. Una sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia del 2017 instó a las instituciones a proteger, conservar y restaurar el río Atrato, en la región del Pacífico colombiano. Este río (clave en la vida de la población autóctona y afrodescendiente) se contaminó con las dragas y retroexcavadoras de los buscadores de oro, entre otros impactos. Asimismo, en marzo del 2017, el Parlamento de Nueva Zelanda otorgó el estatus de persona jurídica al río Whanganui, venerado por los maoríes de la Isla Norte; era algo que reclamaban desde hacía más de siglo y medio. El Parlamento aprobó una ley que combina los preceptos legales de Occidente con el misticismo maorí.
La misma propuesta se presentó en la mesa de la Cámara regional murciana, pero fue rechazada el 20 de septiembre por el PP y VOX, aliados de Gobierno. Si el Congreso la aprobara, la protección del mar Menor quedaría en manos de un comité científico, que se encargaría de tomar las decisiones estratégicas. En su supervisión también intervendrían los guardianes de los ecosistemas , en este caso los ocho municipios ribereños. Y, como tutores legales, estarían todas las administraciones y la ciudadanía. “Sobre todo debemos hacer caso de lo que digan los científicos y los guardianes ”, recalca Teresa Vicente, buena conocedora del fracaso que ha cosechado la conservación del mar Menor mientras ha estado supervisada por las administraciones.
Fuente: lavanguardia.com
