La fiscalía ve indicios de criminalidad en la gestión del alcalde de San Javier en el millonario concurso del agua
El escrito de la Fiscalía abre la puerta a un nuevo caso de corrupción municipal en San Javier Murcia.
El millonario concurso del agua de San Javier Murcia
El municipio murciano de San Javier, liderado por su alcalde José Miguel Luengo Gallego (Partido Popular), se encuentra inmerso en un escándalo desencadenado por la licitación del contrato de la gestión del agua y alcantarillado que quieren adjudicar a FCC Aqualia. La Fiscalía ha iniciado una investigación al respecto y ha detectado indicios de criminalidad en el concurso público de 247 millones de euros, un contrato que los habitantes del municipio pagarán durante las próximas dos décadas.
El gasto municipal que implica aceptar la propuesta de Aqualia supone para el ayuntamiento destinar cerca del 20% de su presupuesto anual durante veinte años en beneficio de Aqualia. Actualmente, la mesa de contratación de San Javier, presidida por el mismo alcalde Luengo Gallego, ha dado luz verde a la propuesta de la filial de FCC; el siguiente y último paso para la adjudicación es la aprobación en pleno municipal.
El escrito de la Fiscalía abre la puerta a un nuevo caso de corrupción municipal, por las graves sospechas que se han generado durante el concurso de Aqualia, especialmente por la actuación del técnico municipal de área, que habría estado en vinculado a la compañía de gestión de agua del grupo FCC años atrás. Se trata del Ingeniero Municipal de la localidad, Juan Gabriel Lizán García, un ingeniero de caminos que fue nombrado funcionario de carrera por el propio alcalde de San Javier, Luengo Gallego, en 2019. El proceso de selección fue muy criticado por el resto de los candidatos que consideraron que se le había hecho un traje a medida y favorecido con las valoraciones.
Desde entonces se ha convertido en el hombre de confianza del alcalde dentro del ayuntamiento para la contratación de obras, servicios y ahora concesiones. Al poco tiempo de tomar posesión, Lizán inició el expediente para la contratación del servicio de agua y alcantarillado del municipio, para el que acabó contratando a Ingeagua. Esta elección tampoco parece casual, ya que, antes de conseguir la plaza de funcionario en San Javier, ocupó el cargo de Técnico de la Oficina Técnica Municipal de Moratalla, y entre sus funciones recaía la supervisión del contrato del servicio de agua encomendado a Aqualia.
Así pues, Ineagua fue la empresa escogida por el Ayuntamiento de San Javier para decidir qué empresa prestaría el servicio de uno de los contratos más cuantiosos del municipio. Aqualia obtuvo la máxima puntuación en las notas técnicas del concurso público: recibió 49 puntos de 49 posibles, mientras que el segundo obtuvo 44 puntos, cinco menos. Sin embargo, esta puntuación realizada por Ineagua, se basó en criterios de adjudicación mediante juicio de valor, es decir, una evaluación subjetiva de las ofertas presentadas sin proporcionar los motivos para otorgar la máxima puntuación.
La brecha de cinco puntos dejó asegurada la adjudicación a Aqualia, pero aún faltaba un aspecto más: el presupuesto para inversiones. Las especificaciones de la licitación establecían que el límite económico máximo era de 65 millones de euros y Aqualia presentó una oferta de 80,7 millones de euros, un 24% por encima de los máximos permitidos. Un hecho que incurría en oferta temeraria, aunque la mesa de contratación justificó asegurando que Aqualia tenía la capacidad y la solvencia en este punto.
Las primeras sospechas se produjeron cuando Ingeagua empujó a Aqualia a participar en este concurso. Sin embargo, no todos los licitadores parecen haber jugado en las mismas condiciones, ya que, según la denuncia de la Fiscalía, se ha dirigido la investigación hacia Aqualia, exigiendo acceso al contrato con Ingeagua.
De hecho, la asociación entre Ingeagua y Aqualia lleva bajo sospechas desde hace varios años, dado el alto porcentaje de contratos ganados cuando se presentan juntos. Esto se traduce en cientos de millones de euros conseguidos con esta práctica por todo el territorio español. La estrategia que utilizada es simple: un municipio pide el asesoramiento de Ingeagua como consultora especializada, quien luego impone las condiciones y especificaciones del concurso, las cuales benefician a la filial de FCC, Aqualia que, a su vez, también es su cliente.
El concurso se encuentra bajo investigación a raíz de la denuncia presentada por el grupo municipal Pleamar en 2022, cuando aún no tenían representación en el pleno. Tras conseguir 2 concejales en las elecciones municipales de 2023, la formación realizó un informe con los datos del concurso para conocer si había posibles indicios de delito.
Antonio López-Alemán, líder de Pleamar, explicó que pidieron explicaciones del ayuntamiento ante las preocupaciones sobre el proceso de licitación, pero nunca recibieron una respuesta a su petición. Como consecuencia, presentaron un dosier informativo a la fiscalía para aclarar las irregularidades y conflictos de interés que presentaba el concurso. Pleamar ha exigido una nueva adjudicación del contrato desde cero y ha ofrecido su apoyo a los funcionarios del Consistorio involucrados en este proceso.
Fuente: el plural.com
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