La sombra de las sospechas sigue alargándose sobre la actuación desarrollada durante años por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a la hora de atajar los vertidos contaminantes al Mar Menor. Con cada declaración que vienen prestando los testigos llamados a comparecer en el denominado ‘caso Topillo’, que investiga las posibles responsabilidades penales de altos cargos de la CHS y de la Comunidad Autónoma por la degradación de la laguna costera, queda más cuestionada la labor de vigilancia y control que debía haber desarrollado el organismo de cuenca. «En el año 2012 estuve inspeccionando desaladoras junto a una compañera; hasta ese año no recibí instrucción alguna para localizar sondeos o desalobradoras ilegales», manifestó ayer un antiguo guarda fluvial y actual agente medioambiental, quien compareció como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote.

Después de años de aparente inacción contra los pozos y las instalaciones desaladoras que poblaban por cientos las fincas agrícolas del entorno del Mar Menor, en 2012 fueron convocados los agentes de su servicio por el comisario de Aguas de la CHS y el guarda mayor y les dieron una relación de puntos que debían inspeccionar. «Tardamos medio año porque había que revisar muchísimas instalaciones», comentó, para especificar seguidamente que «hacíamos informes sobre el estado de cada pozo y desaladora».

Fue entonces cuando se enteró «de que vertían al Mar Menor. Nosotros no podíamos ver a dónde iban a parar los vertidos. Nos fiábamos de lo que nos decían los agricultores. En alguna ocasión nos comentaban que iban a parar al alcantarillado y en otras nos decían que los vertidos iban a la rambla del Albujón».

En este sentido, dejó constancia de que los propietarios de las fincas agrícolas eran conscientes de que los pozos y las desaladoras eran ilegales, «aunque tenían la esperanza de que se podían legalizar». De ahí que reconociera que fueron los propios agricultores quienes facilitaron a la CHS un listado con la ubicación de esas instalaciones. «Habría sido muy complicado para la CHS obtener los datos por sus propios medios», señaló, refiriéndose a que las desalobradoras se encontraban muy bien ocultas.

Por un tiempo, este guarda fluvial llegó a pensar que la finalidad de las inspecciones era encontrar una solución para regularizar la situación. Incluso señaló que el comisario de Aguas, Juan Carlos González, les dijo que quizás pudieran ser legalizables.

Fuente: laverdad.es