Esto es debido a que los bajos precios del mercado no hacen rentable su recolección y comercialización. Pero todo este despilfarro, sin embargo, ha tenido un alto coste ambiental por el consumo de agua y el vertido de nutrientes que, al final, acabarán en el Mar Menor sin haber producido beneficio alguno.
Una hectárea de melones necesita, aproximadamente, de 2.000 a 2.500 metros cúbicos de agua (de dos millones a dos millones y medio de litros). Si multiplicamos esa cantidad por las hectáreas cuya producción se ha abandonado, el volumen se desorbita. ¿Cómo es posible que una región que declara una deficiencia estructural hídrica y que continuamente reclama dotaciones de otras cuencas, pueda permitirse semejante derroche?
Del mismo modo, cada hectárea de melones consume unos 172 kilogramos de nitratos, lo que se traduce en toneladas de nutrientes, que tarde o temprano, acabarán en el Mar Menor. Unas serán directamente arrastradas por las lluvias y otras se irán filtrando al acuífero, ya de por sí arruinado y desde allí irán penetrando en la laguna. Esta situación es especialmente grave en una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos.
Es alarmante que un problema tan grave y que pone en entredicho a nuestra región ante otras comunidades autónomas no reciba atención por parte de ninguna de las administraciones que solo parecen estar preocupadas por mantener un sistema productivo insostenible y que está causando daños irreparables de muy difícil solución en el futuro.
Como culminación de todo el despropósito (y quizá como explicación del mismo) nos encontramos con que los grandes empresarios agrícolas de esta Región (y responsables de la mayoría de estas “retiradas de productos del mercado”) están organizados en estructuras denominadas OPFH (Organización de Productores de Frutas y Hortalizas) las cuales son beneficiarias de millonarias ayudas públicas, sobre todo de la PAC (Política Agraria Común de la Unión Europea). Estas ayudas subvencionan la producción de esos millones de melones que luego serán “abandonados”, así como la retirada del producto que no encuentra salida en el mercado. Por tanto, no hay pérdida para estos grandes productores. La pérdida es para nosotros, los contribuyentes, cuyos impuestos engrosan las ayudas de la PAC, para el Medio Ambiente y para el Mar Menor.
Fuente: Pacto por el Mar Menor