La tubería de agua potable de La Manga se ha convertido con el tiempo en un colador que genera fugas por valor de 411.000 euros al año. Y con potencial de incremento de pérdidas para el Ayuntamiento, que compra una cantidad de agua anual muy superior a la que vende a los residentes, precisamente por esa tasa de Agua No Registrada (ANR). La pérdida económica ha subido un 117% desde 2014, según revela el estudio que ha realizado la Universidad Politécnica de Cartagena por encargo del Consistorio para analizar tanto las necesidades en infraestructuras como el modelo de gestión.

La falta de mantenimiento y de renovación de infraestructuras, por debajo del nivel mínimo recomendado, ha convertido el tubo de fibrocemento de 86 kilómetros que recorre la lengua de arena en una reliquia insostenible. A las pérdidas de agua, que van al mar o al subsuelo, en función del tramo perforado, hay que añadir los 26.000 euros anuales que se pagan cada año al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar por alojar la toma que abre el grifo a La Manga.

En 2018, el caudal pagado a la Mancomunidad de Canales del Taibilla, pero perdido por el camino, se elevó a 614.751 metros cúbicos, y algo menos en 2019, con 562.339 metros cúbicos. «En una región donde pagamos más cara el agua precisamente por su escasez, el porcentaje de pérdidas debía ser lo más bajo posible», precisa el doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPCT Juan Tomás García Bermejo.

Junto con el profesor Manuel Alcaraz Aparicio, ha realizado el estudio que aconseja al Consistorio sustituir la dualidad actual del servicio, que gestiona La Manga de forma directa, frente a la concesión vigente a la empresa Hidrogea para el resto de San Javier, por un modelo de gestión indirecta que unifique el servicio en los dos territorios.

«Es una situación única», destacan ambos expertos sobre la doble gestión del agua en el municipio. Debido a esa anomalía, los vecinos de La Manga pagan el agua un 50% más barata que los de San Javier, no solo debido a los costes de la gestión privada, sino a que la compañía adjudicataria pagó un canon de 2,7 millones de euros, más una tasa complementaria anual en el caso de que el número de abonados aumentara un 25%, cosa que ocurrió, aunque el Ayuntamiento tardó años en reclamar a la compañía y finalmente perdió en los tribunales.

La UPCT recomienda fijar una tarifa que permita un equilibrio económico pero que penalice al usuario más derrochador, ya que en la actualidad prima los grandes consumos. Insta además a establecer un canon que se destine a la renovación de infraestructuras, para lo que debe incorporar tecnología de seguimiento y sistemas de transparencia.

Fuente: laverdad.es