La Fiscalía Superior de la Región de Murcia abre una investigación por la nueva muerte de peces en el Mar Menor
Solicitará informes adicionales a los de la brigada de delitos ambientales de la Comunidad, que no ve signos de otra anoxia. Lejos de dar por bueno que «la comunidad científica ya ha aclarado que no se trata de un episodio de anoxia, sino que se debió a las altas temperaturas que soportamos», como aseguró ayer el diputado del PP Jesús Cano para defender la inminente denuncia del Gobierno regional contra la ministra Teresa Ribera en la Fiscalía, por «inacción» en el Mar Menor Murcia, la Fiscalía Superior de la Región de Murcia abrirá diligencias para investigar la nueva mortandad de peces y depurar eventuales responsabilidades penales.
El hallazgo este lunes de cientos de peces y crustáceos sin vida en varias playas de Islas Menores, Mar de Cristal y la Cala del Pino, todas ellas en el municipio de Cartagena, llevaron ya el lunes al Ministerio Público a mantener un primer contacto con la Brigada Regional de Delitos Ambientales (Brida) de la Comunidad Autónoma. Según confirmaron fuentes de la Fiscalía, responsables de este departamento regional le informaron de su voluntad de remitirle lo antes posible el informe que está realizando sobre estos hechos. También le aseguraron que, según los primeros datos, el de este agosto no sería un episodio de anoxia (falta de oxígeno) como el ocurrido en octubre de 2019 en la laguna. Así lo adelantó este diario.
A la vista del diagnóstico de la Comunidad, que según las mismas fuentes incluirá los resultados de los análisis de las aguas en las zonas afectadas y la necropsia de ejemplares de distintas especies, la Fiscalía determinará el alcance de las pruebas complementarias que solicitará. Entre ellas, estará la realización de pesquisas por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y, probablemente, la redacción de informes por parte de organismos científicos, como universidades, y de estudios periciales por parte de las correspondientes instancias de auxilio judicial.
Las fuentes consultadas indicaron que, de hecho, el Seprona mantiene una vigilancia constante sobre todo lo relativo al Mar Menor y que ya ha efectuado acciones para aclarar la nueva muerte de los peces. En concreto, agentes de la Benemérita tomaron muestras biológicas del agua y otras evidencias en las playas y las enviaron al laboratorio para su análisis.
Entre las cuestiones que pretende dilucidar la Fiscalía está si la muerte de los animales obedece al deterioro general de la laguna, acentuado en las últimas semanas según los datos científicos de la Administración regional; o si es un «hecho puntual» debido a un vertido contaminante o a una situación de anoxia que, a su vez, tenga como origen vertidos recientes de carácter agrícola (con nutrientes y fertilizantes) o/y urbano. Asimismo, la Fiscalía quiere conocer el alcance del problema, por si debe dirigirse a las administraciones y, en su caso, a los juzgados para reclamar medidas que eviten un problema ambiental mayor.
Las diligencias estarán coordinadas por el fiscal especial de Urbanismo y Medio Ambiente, Miguel de Mata, que incorporará los resultados al sumario del ‘ caso Topillo’, la investigación del Juzgado de Instrucción 2 de Murcia sobre la presunta responsabilidad de empresas y administraciones públicas en el deterioro del Mar Menor por los vertidos agrícolas, cargados de nutrientes.
Antonio Luengo carga contra Ribera y Vélez ve «ridícula» su denuncia
El magistrado Ángel Garrote indaga sobre el uso de desalobradoras ilegales y sobre la aparente inacción de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y de la Comunidad Autónoma para evitar esos derrames contaminantes y otros durante años.
Sobre la denuncia que la Comunidad prepara contra la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, afirmó que el Ejecutivo de Fernando López Miras actúa después de tres años de «permisividad del Gobierno de España». Habló de que este ha consentido «la entrada de agua dulce cargada de nutrientes» y la no retirada de fangos y lodos, a pesar de sus competencias en «la gestión de las escorrentías de agua que transcurren por las ramblas y el elevado nivel freático del acuífero». «Son las dos grandes amenazas para el ecosistema, como reitera la comunidad científica», remarcó.
El delegado del Gobierno, José Vélez, calificó de «ridícula» la denuncia y exigió al Ejecutivo autonómico «respeto, responsabilidad y lealtad institucional con el Mar Menor». Recordó que «la Fiscalía ya se pronunció sobre los vertidos» agrícolas desde 1.740 hectáreas de regadío ilegal «y exigió a la Comunidad, sin éxito, que actuara contra sus responsables».
Fuente: laverdad.es
