Los municipios de Murcia piden al Ministerio ‘legalizar’ las construcciones en zonas de riadas desde 2017
Los ayuntamientos de la Región de Murcia solicitan a Transición Ecológica que aporte seguridad jurídica para evitar denuncias por permitir obras en terrenos afectados ahora por el mapa de flujos preferentes.
Los ayuntamientos que se han sumado a la mesa de trabajo con la Federación de Municipios de la Región de Murcia para tratar los problemas urbanísticos que genera el nuevo mapa de riadas de la Confederación Hidrográfica del Segura han avanzado en varias direcciones para resolver esta crisis. Entre las primeras líneas de actuación está el haber solicitado ya al Ministerio para la Transición Ecológica una moratoria para aplicar las normas sobre inundaciones.
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Este requerimiento pasa por lograr una reforma del Reglamento de Dominio Público Hidráulico de 2016 que impone restricciones sobre las zonas marcadas como inundables o en riesgo de sufrir riadas. El reglamento, cuando fue modificado, debía ir acompañado con la elaboración de una cartografía de terrenos propensos a acumular agua o a que esta circule con cierta velocidad en la cuenca del Segura, algo que ha tardado cuatro años en hacerse y que no se conoció hasta febrero de 2021.
Esa situación ha generado una inseguridad jurídica, por un lado, al plantear limitaciones sobre los planes urbanísticos aprobados desde entonces o que están en tramitación en los ayuntamientos. Pero, por otro lado, los ayuntamientos quieren un extra en cuanto a garantizar la legalidad de todo lo que se ha construido desde que entró en vigor ese reglamento a principios de 2017 y hasta el pasado año.
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Los consistorios quieren evitar reclamaciones económicas de los propietarios de terrenos o promotores que han logrado licencias de construcción sobre terrenos urbanizables que ahora se encuentran dentro del mapa de flujos preferentes (riadas). Este escenario se pretende evitar con la petición al Ministerio, en concreto a la Dirección General del Agua, de aplicar un paréntesis temporal en la norma para analizar cada proyecto o que en este caso la Confederación Hidrográfica informe de las condiciones que tiene que cumplir cada plan para salvar las limitaciones, algo que ya se ha hecho.
Pese a esto, la posible inseguridad jurídica que podría plantear el haber edificado en zona inundable o de riadas cuando estas normas se encontraban en un limbo legal, al no estar la cartografía, es algo que también preocupa. Los ayuntamientos afectados por este nuevo mapa de flujos preferentes quieren que el Ministerio aclare con una respuesta o modifique el reglamento de 2016 con tal de dar carpetazo a estas dudas ante el temor a posibles denuncias por haber permitido la construcción durante cuatro años en este tipo de terrenos.
Correcciones y obras
Los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca, Molina, Ulea, Alcantarilla o San Javier son algunos de los que están sentados en la comisión técnica de la Federación de Municipios. Algunos como Murcia o Cartagena ya han recibido de la CHS un informe que detalla las limitaciones que existen para construir en zonas afectadas por posibles riadas.
Esto ha permitido, por ejemplo, que en Murcia el 90 por ciento de las licencias urbanísticas han sido desbloqueadas por la CHS y están en marcha el resto a la espera de la declaración de alta inundabilidad del municipio.
Ahora que los ayuntamientos ya tienen un manual en sus manos para pedir a los promotores que planteen correcciones en sus proyectos con tal de salvar las limitaciones a las zonas inundables, queda mirar al espacio público. Tanto la Federación como estos municipios plantean la necesidad de que la Confederación y la Consejería de Fomento se impliquen en la construcción de obras públicas que reduzcan los riesgos de riadas.
Los consistorios insisten en actualizar el mapa por errores
La Confederación Hidrográfica del Segura llevó a cabo un mapa de flujos preferentes o de avenidas sin tener en cuenta las obras en los años más recientes que se han llevado a cabo para mitigar los efectos de las inundaciones. Los técnicos municipales estiman que hasta un 15% de los límites que marcan los terrenos de zonas inundables contiene errores y deberían ser corregidos, pero habrá municipios que necesiten de una revisión más exhaustiva . Por ello, tanto Murcia como Cartagena van a llevar a cabo sus propios estudios técnicos que determinen con más precisión qué terrenos están afectados.
Frente a esto, los municipios tienen claro que la Consejería de Fomento debe implicarse en este problema y establecer medidas adicionales, como el Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación en la Región de Murcia (POTPRI), que la Consejería quiso comenzar a redactar a finales del pasado año pero cuya licitación quedó desierta. Fomento ya dijo que las competencias para llevar a cabo estas obras las tiene el Estado.
Fuente: laopiniondemurcia.es
