Prevén sancionar con 800.000 euros a una empresa por daños al Mar Menor

La Comunidad prevé sancionar con 800.000 euros a una empresa por daños al Mar Menor. La Consejería, tras ser obligada por el TSJ, exige responsabilidades a una firma que supuestamente vertió 441.769 metros cúbicos de salmuera.

Mar Menor

La Comunidad abrió un expediente de responsabilidad ambiental a la empresa agrícola Ciky Oro SL y le impone una sanción de 798.852 euros por el daño ambiental causado al Mar Menor. Esta es una de las firmas investigadas en el ‘caso Topillo‘ y, según plasma el instructor en uno de sus últimos autos, entre los años 2013 y 2016, la empresa habría vertido a la laguna hasta 441.769 metros cúbicos de rechazo de salmuera.

Mar Menor Murcia

Esta multinacional, según recoge el expediente, ha sido sancionada por los daños medioambientales causados a la flora y la fauna y al agua del Mar Menor. Estos recursos naturales se vieron afectados por la actividad de las tres desalobradoras ilegales que, al parecer, la compañía tenía a su servicio. Fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Energía precisaron que se trata de una propuesta de sanción que aún se encuentra en fase de tramitación.

Esta propuesta de sanción de la Comunidad llega después de que el pasado marzo la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenase a la Comunidad iniciar un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental por vertidos al Mar Menor contra ocho empresas o empresarios dedicados a la agricultura.

El Ministerio Público acudió a los tribunales después de que la Consejería hiciese caso omiso del requerimiento que se le hizo desde este organismo. En él le instaba a expedientar a esas ocho mercantiles por la emisión de vertidos contaminantes procedentes de sus desalinizadoras ilegales en el Campo de Cartagena y que acabaron desembocando en la laguna y afectando a su estado ambiental. Un año después de esa petición, la Comunidad no solo no había iniciado tales expedientes para exigir el pago de responsabilidades pecuniarias por los daños provocados a ese ecosistema marino, sino que se descolgó con un informe en el que sostenía que la administración competente para actuar era la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

La Consejería dejó constancia, en su momento, de que «se acata la sentencia y se iniciarán a la mayor brevedad los expedientes de responsabilidad medioambiental contra esas ocho empresas y personas físicas». Además, resaltó que, si en su día defendió que la Comunidad no tenía competencia, se debió, exclusivamente, a un cambio de criterio, «sin justificar ni motivar», por parte del instructor de las actuaciones previas.

La portavoz de Podemos, María Marín, considera que se trata de una multa «totalmente insuficiente para reparar el daño causado». Remarcó que la sanción no llega «por la voluntad del Gobierno regional, sino que han sido la Fiscalía y el TSJ quienes han obligado a López Miras y al consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, a que exijan esta indemnización a la empresa».

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Fuente: laverdad.es

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