- Un posible caso de fraude en el contrato de la biomasa del Mar Menor
- El contrato para la retirada de biomasa de las playas del Mar Menor
- La Consejería de Medio Ambiente y el contrato para la retirada de biomasa de las playas del Mar Menor
- Sospechas de Defensa de la Competencia
- Medio Ambiente adjudicó y rompió el contrato con Orthem en el plazo de un mes
Un posible caso de fraude en el contrato de la biomasa del Mar Menor
La Comunidad obvió los avisos de fraude en el contrato de la biomasa del Mar Menor. Defensa de la Competencia y la interventora del concurso detectaron conductas irregulares entre las dos empresas que ganaron el servicio de limpieza de playas del Mar Menor. La Consejería de Medio Ambiente no vio vulneración en las ofertas presentadas por ambas mercantiles. Comprobar: El estado de las playas del Mar Menor 2023
El contrato para la retirada de biomasa de las playas del Mar Menor
El contrato para la retirada de biomasa de las playas del Mar Menor este verano ha tenido un camino tortuoso antes de ser adjudicado. La Consejería de Medio Ambiente ha encargado los servicios de limpieza de la materia orgánica en descomposición que se acumula en la ribera de la laguna a dos empresas de Cartagena con el informe en contra del Servicio Regional de Defensa de la Competencia y la opinión contraria de la interventora de dicho contrato por un posible caso de fraude entre cinco compañías que se presentaron al concurso, entre ellas las adjudicatarias.
La Consejería de Medio Ambiente y el contrato para la retirada de biomasa de las playas del Mar Menor
El presupuesto de este contrato ascendía a 4,3 millones de euros y debía comenzar a principios de abril, con una duración de cinco meses. Sin embargo, el largo trámite que conllevó la concesión de este servicio, un procedimiento que se llegó a suspender ante estas sospechas, ha recortado los plazos de las tareas de limpieza, por lo que el importe final ha disminuido a 1,1 millones de euros. Las mercantiles beneficiadas han sido Trecarsa y Apideco.
Sospechas de Defensa de la Competencia
Las sospechas de la interventora fueron confirmadas por Defensa de la Competencia, que depende de la Consejería de Empresa. Dicho departamento concluyó que «se aprecian indicios suficientemente plausibles» de que cinco empresas que continuaban en el concurso habían llegado a «acuerdos destinados a falsear la competencia». En concreto, señaló a las dos adjudicatarias, a Prezero España, a Hera Holding Habitat Ecología y Restauración Ambiental y a la firma Obras y Servicios Públicos (Osepsa).
Esta última es la clave del problema, ya que la interventora informó de que dicha mercantil se presentó junto con las dos beneficiarias al mismo servicio de limpieza de biomasa en 2021 a través de una UTE. En esta ocasión, se ha presentado por separado con una oferta muy baja por el contrato, por lo que las sospechas van encaminadas a pensar que, con esta estrategia, pretendía favorecer la posición de las dos firmas cartageneras en el concurso para este verano.
“No parecen existir indicios”
Este informe de Defensa de la Competencia terminó a finales de mayo por paralizar el contrato para dar oportunidad a las empresas de presentar alegaciones. La adjudicación del servicio, que se inició con el consejero Antonio Luengo al mando de las competencias de Medio Ambiente y que terminó con la llegada de Juan María Vázquez tras separarse las consejerías, ya acumulaba entonces dos meses de retraso.
Finalmente, la mayoría de los miembros de la Mesa de Contratación acordaron levantar el veto al procedimiento alegando que Defensa de la Competencia «no manifiesta de forma expresa que hay indicios fundados» de fraude. Añadieron que «no hay por qué perder más tiempo en tramitar este expediente» que se inició con «carácter urgente», por lo que rechazan la propuesta de la interventora de solicitar un segundo informe más claro al departamento de Competencia.
El objetivo de los servicios que cumplirán las dos empresas cartageneras es el de eliminar las acumulaciones de materia orgánica en descomposición en las orillas y aguas someras, que influyen negativamente en la calidad ecológica y paisajística del entorno del Mar Menor». Con esto se mejora «el uso público de la laguna así como la calidad de las aguas de baño y disminuyendo la generación de fangos y lodos derivados de la descomposición de la biomasa vegetal», según recoge la Consejería en el informe del contrato. En 2022 la Comunidad destinó once millones de euros para limpiar de las playas del Mar Menor hasta 26.054 toneladas de biomasa. Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea en un 80% mientras que el Gobierno regional aporta el otro 20%.
Dicha profesional, que votó en contra de reanudar el concurso, llegó a pedir que se excluyeran del procedimiento a las dos empresas que finalmente salieron elegidas por tener mejor oferta económica. La mayoría de los técnicos que debían tomar la decisión subrayaron que «en ningún caso ha manifestado el Servicio de Defensa de la Competencia la existencia de indicios fundados».
Según las actas de las reuniones de dicha mesa, la mayoría ratificó que, «a la vista de las detalladas y extensas justificaciones presentadas por los licitadores, no se aprecia que exista una vulneración del principio de competencia que pueda dar lugar a la exclusión de estos del procedimiento». Es decir, «no parecen existir indicios fundados de prácticas colusorias, dado que han ofrecido una explicación alternativa razonable sobre sus ofertas».
La interventora pidió interpretar la conclusión del departamento de Defensa de la Competencia como indicios «suficientemente fundados». Pese a ello, la Consejería terminó por adjudicar el contrato a la UTE el 23 de junio al quedar «acreditada la capacidad y solvencia suficiente para la ejecución del contrato».
Medio Ambiente adjudicó y rompió el contrato con Orthem en el plazo de un mes
El contrato para la retirada de biomasa del Mar Menor no solo tuvo un final torcido, sino también un principio. A dicha adjudicación se presentaron seis empresas, entre ellas viejas conocidas de la Administración regional como STV Gestión y Orthem, mercantil que controla el transporte sanitario de ambulancias y las brigadas forestales de la Región, entre otros.
Desde el principio del concurso, tras conocerse qué firmas habían optado a quedarse con estos servicios de limpieza, la interventora de la Mesa de Contratación advirtió de que tanto las dos mercantiles mencionadas como Obras y Servicios Públicos habían presentado ofertas que incurrían en «temeridad o desproporcionalidad». Esto es, presentaron una oferta económica tan baja que ponían en peligro la ejecución del contrato si se les adjudicaba.
Medio Ambiente reclamó explicaciones a las tres empresas, para finalmente excluir a dos del concurso por no justificar dicha oferta que proponían. Sin embargo, Orthem continuó en el proceso porque sus argumentos resultaron «suficientes para llegar a la convicción de que el servicio se pueda llevar a cabo en las condiciones y coste planteado por esta empresa». La empresa, del grupo La Generala, acabó teniendo la oferta mejor valorada, por lo que el 13 de abril se aprueba la adjudicación del contrato.
No es hasta un mes más tarde, y tras un recurso de las mercantiles Transportes Europeos del Campo de Cartagena (Trecarsa) y Apideco, ganadoras últimas del concurso, cuando el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales concluye que la oferta económica no cumple con los pliegos del contrato.
Ante esta sentencia, Medio Ambiente no tuvo más remedio que anular la adjudicación a Orthem y sacarla del concurso «por no haber justificado en debida forma su oferta económica», pese a que la Consejería negó estos hechos previamente.
Fuente: laopiniondemurcia.es
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