La nueva moratoria urbanística en el Mar Menor 2023
La nueva moratoria en el Mar Menor 2023 indulta al centro comercial de Cabo de Palos. El Gobierno regional aprueba la prórroga que frena las construcciones en la laguna salada de Murcia, que deberá ser validada por la Asamblea en 30 días.
La nueva moratoria urbanística en el Mar Menor 2023 Murcia
La nueva moratoria urbanística en el Mar Menor 2023 entró en vigor este jueves tras aprobarla el Consejo de Gobierno el mismo día que caducaba, la que se activó con la Ley de la laguna hace tres años. La nueva sale adelante mediante un decreto ley que deberá debatirse y aprobarse en la Asamblea Regional en 30 días, un plazo que estará marcado por la inactividad parlamentaria de este mes y la amenaza de una repetición electoral si al llegar al 7 de septiembre 2023 la Región sigue sin gobierno.
La convalidación parlamentaria implica la posibilidad de presentar enmiendas al texto del Ejecutivo. Ante ello, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, pidió «responsabilidad» al resto de grupos políticos representados en la Asamblea para aprobar esta norma dentro de la Asamblea. Pese a ello, el decreto, al estar aprobado ya por el Gobierno, sería efectivo desde ayer mismo.
La nueva normativa, publicada desde ayer a mediodía en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, establece la misma área de exclusión para las edificaciones que contemplaba la norma de la laguna en 2020. El texto sí que ha cambiado, ya que se ha tenido que definir mejor las zonas afectadas donde estará prohibido construir hasta que esté aprobado el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor. Estos cambios buscan evita «confusiones e inseguridad jurídica», así como bloqueos innecesarios.
Es el caso de la segunda fase del centro comercial Las Dunas de Cabo de Palos, que ayer recibió el indulto del Gobierno al dejarlo fuera del bloqueo urbanístico. Este desarrollo llevaba bloqueado tres años, pero el Ayuntamiento de Cartagena había defendido hasta ahora que dicha parcela, ubicada junto a la autovía de La Manga del Mar Menor, no está dentro de la cuenca del Mar Menor, por lo que no tendría efectos dañinos sobre el ecosistema.
Sin embargo, la promoción de 700 nuevas viviendas en el Plan Parcial Los Belones-Este de Cartagena, otro de los proyectos en los que Cartagena cuestionó su bloqueo, sí continuará afectado por el parón urbanístico. Su construcción dependerá de que la Comunidad termine el Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente del Mar Menor. La parcela se ubica sobre un suelo urbano consolidado y cuyo desarrollo permitirá el ensanche del casco urbano de la diputación, algo que se contempla como una excepción dentro de la nueva moratoria.
A su vez, ahora la norma tampoco recoge que para este tipo de casos sea necesario tener el proyecto de urbanización aprobado, algo que no pasaba con Los Belones. Sin embargo, su ubicación dentro de la cuenca sí impediría su continuación por el momento. Estos cambios responden a la necesidad de mejorar una redacción del artículo 16 de la Ley del Mar Menor que era «confusa», tal y como advirtió el Consejo Jurídico de la Región de Murcia en una consulta del Ayuntamiento de Cartagena sobre qué proyectos se encontraban afectados dentro de su término. Esto dio lugar a interpretaciones distintas que conllevaron un bloqueo de proyectos como el de Las Dunas de Cabo de Palos.
La segunda fase de este centro comercial, conocida como CP2, sí podrá librarse del veto urbanístico al ser una ampliación del casco urbano, permitido por la Ley. A esto hay que sumar que la propia alcaldesa Noelia Arroyo señaló el pasado martes que «no tiene sentido tener el proyecto retenido porque no tiene ningún impacto sobre el Mar Menor ni está en su cuenca vertiente».
Georreferenciadas en la nueva moratoria urbanística en el Mar Menor 2023
Esta nueva norma contempla una redefinición de las zonas donde está prohibido construir. Pasarán a estar georreferenciadas, según ha indicado el consejero Ortuño. El Gobierno ha querido despejar dudas jurídicas con una mejor definición de qué proyectos están paralizados en función de la fase de tramitación en la que estaban cuando se aprobó la Ley del Mar Menor. En un comunicado, la Comunidad indica que «el nuevo texto legal clarifica dudas interpretativas que han motivado la necesidad de que se pronuncie el Consejo Jurídico».
El texto indica que solo podrán seguir adelante aquellos que tenían, previo a 2020, aprobado el proyecto inicialmente en los consistorios ribereños. El decreto ley señala que el plan que ordenará los usos del suelo en la cuenca del Mar Menor es «un documento de gran alcance, con gran complejidad técnica y con una exigente tramitación ambiental». El Gobierno añade que someterá el documento a exposición pública para «intentar lograr el mayor consenso».
La nueva moratoria avisa a los ayuntamientos de que solo podrán iniciar el desarrollo de nuevos planes urbanos en la zona afectada una vez esté en vigor el plan de cuenca. Además, aquellos proyectos que no estén afectados deberán igualmente incorporar medidas de sostenibilidad y soluciones basadas en la naturaleza.
El secretario de Transición Ecológica y Mar Menor del PSOE de la Región de Murcia y alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, aseguró ayer que el presidente en funciones del Gobierno regional, Fernando López Miras, «se ha visto obligado a rectificar y prorrogar la moratoria urbanística en el Mar Menor hasta que se apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente, gracias a la iniciativa que presentó el PSOE en la Asamblea y a la presión social de asociaciones y organizaciones».
En este sentido, Cervera lamentó que López Miras haya llegado a este punto «crítico» que «podría haber evitado si hubiera hecho su trabajo y hubiera cumplido la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor». El líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, preguntado por la moratoria urbanística en el Mar Menor, acusó al PP de llevar tres años «sin hacer nada» y que continúen pasando la responsabilidad a los propietarios del entorno en lugar de arreglar los saneamientos que, según Vox, es la causante del problema de contaminación del agua una vez que PP y PSOE se pusieron de acuerdo para permitir que aliviasen las depuradoras en ella.
El secretario de Comunicación de Podemos y diputado autonómico, Víctor Egío, consideró que «la Ley del Mar Menor es una ley fantasma» y que el Partido Popular «nunca tuvo voluntad de cumplirla». En relación al conflicto vivido estos últimos días, Egío ha cargado todas las culpas sobre el presidente en funciones del Gobierno regional, Fernando López Miras, y su consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga.
Fuente: laopiniondemurcia.es
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