La premura por ejecutar la obra de una tubería a través del espacio protegido del Carmolí para derivar efluentes del regadío a la desaladora de Arco Sur no tuvo otro motivo que la «situación crítica» del Mar Menor en el verano de 2016, según declaró ayer en el juzgado número dos de Murcia el entonces director de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (Oisma), Juan Madrigal de Torres, según informan fuentes cercanas a este caso.

Madrigal, responsable de este organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente hasta mayo de 2017, compareció como testigo en la causa que, a partir de una denuncia de Ecologistas en Acción, investiga presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio, y en la que está imputado el ex director general de Agua Andrés Martínez Francés.

Madrigal de Torres aseguró que el informe emitido por su departamento justificó la obra por la escasa afección al medio natural, una zona incluida en la Red Natura 2000, aunque admitió que quizá hubiese sido necesario un informe de impacto ambiental, como dictaminó en un informe la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Y que las obras no tenían que haberse iniciado antes de que se conociese esta recomendación.

Fuente: laverdad.es